Martha Romero 

La secretaria de la Contraloría del Estado de México, Hilda Salazar Gil, reconoció que la dependencia a su cargo únicamente tiene facultades para sancionar faltas administrativas no graves, mientras que las graves corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad.

Durante su comparecencia con motivo de la Glosa del Tercer Informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la funcionaria explicó que la Contraloría realiza investigaciones, auditorías y denuncias, pero su actuación se limita a las atribuciones que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

Añadió que también coadyuva con el Tribunal para que se cumplan las sanciones impuestas a servidores públicos.

En la ronda de preguntas, diputados de las distintas bancadas cuestionaron los mecanismos de fiscalización, la atención a las denuncias, la transparencia y los resultados de las investigaciones sobre posibles actos de corrupción.

El diputado de Morena, Román Francisco Cortés Lugo, preguntó por los recursos de obra pública vigilados por comités ciudadanos, las medidas preventivas para fortalecer el control interno y las auditorías realizadas a programas sociales.

Por el PVEM, Alejandra Figueroa Adame solicitó conocer las sanciones aplicadas según el nivel jerárquico de los servidores públicos, así como los mecanismos para garantizar la legalidad, imparcialidad y transparencia de la propia Contraloría.

La petista Yareli Anai Esparza Acevedo abordó la fiscalización del gasto público, el seguimiento a las observaciones para aplicar medidas correctivas, la prevención de posibles actos de soborno y la coordinación con los órganos anticorrupción.

En tanto, la priista Mercedes Colín Guadarrama cuestionó el desechamiento de denuncias y pidió conocer los criterios técnicos y jurídicos utilizados para determinar su procedencia. Señaló que, de acuerdo con sus planteamientos, la dependencia ha recibido más de 66 mil denuncias y cuestionó los controles para justificar el descarte de una parte de ellas.

La panista Emma Laura Villavicencio preguntó cómo se garantizará el acceso a la información pública tras la desaparición del INFOEM y qué mecanismos impedirán que se reserven expedientes relacionados con auditorías, compras y contratos de obra pública.

Por Movimiento Ciudadano, Lilia Urbina Salazar pidió información sobre las irregularidades detectadas en contrataciones públicas, los recursos protegidos y las medidas para evitar favoritismos, conflictos de interés o condiciones que limiten la competencia en las licitaciones.

La perredista Araceli Casasola Salazar preguntó cuántas revisiones derivaron en irregularidades y responsabilidades administrativas, además de solicitar información sobre las auditorías a la Secretaría de Salud y los recursos relacionados con la compra de vacunas.

En respuesta a los resultados de su dependencia, Salazar Gil informó que, a través de los órganos internos de control, se sancionó a 2 mil 438 personas servidoras públicas: mil 365 recibieron amonestaciones, 470 suspensiones temporales de hasta 30 días, 12 fueron destituidas y 591 inhabilitadas. La principal causa fue el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.

También reportó la recepción de 21 mil 727 denuncias durante el periodo referido, de las cuales 15 mil 453 fueron canalizadas a los órganos internos de control de las dependencias correspondientes.

(Foto: Especial Portal)