Martha Romero

Con el fin de fortalecer la ética en el servicio público, robustecer el control interno y consolidar instituciones más transparentes, el diputado Gerardo Pliego Santana, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Integridad Pública del Estado de México y Municipios.

Añadió que la propuesta surge como un ejercicio de colaboración democrática entre el Poder Legislativo e integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, lo que refuerza su sentido social, su legitimidad pública y su compromiso con una transformación profunda de la vida institucional mexiquense. 

Explicó que la iniciativa establece un marco jurídico para promover, regular, garantizar y fortalecer la integridad pública en la actuación de las personas servidoras públicas de los poderes del Estado, organismos autónomos y entes públicos estatales y municipales, así como de particulares vinculados en términos de la legislación aplicable. 

Indicó que su propósito es asegurar la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, la ética, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como bases del ejercicio público, por lo que más que una nueva norma, la propuesta representa una visión de gobierno al pasar del combate reactivo a la corrupción a una cultura institucional de prevención, donde la integridad no sea excepción, sino regla.

Pliego Santana indicó que contempla que las personas servidoras públicas suscriban una Declaración de Integridad como manifestación de compromiso ético, además de recibir capacitación anual obligatoria en temas como ética pública, conflictos de interés e integridad en el ejercicio de sus funciones.

Resaltó que pone especial atención en las contrataciones públicas al establecer que los procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública deberán sujetarse a principios de integridad, trazabilidad, prevención de la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. 

También, dijo, plantea medidas para evitar prácticas indebidas como el direccionamiento de bases o el fraccionamiento de contratos para evadir procedimientos de licitación.

Refirió que esta ley se concibe como una norma marco complementaria que no sustituye otras disposiciones en materia de responsabilidades administrativas o sanciones, sino que las fortalece desde una lógica preventiva. 

Finalmente, mencionó que se busca elevar los estándares de conducta ética en el servicio público, reducir la incidencia de faltas administrativas y delitos, homologar prácticas de integridad en los 125 municipios y fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones.