Martha Romero

Andrea Jardón Álvarez, consejera estatal de Morena en Toluca, denunció presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema Municipal DIF, encabezado por Rocío Pegueros Velázquez, esposa del alcalde Ricardo Moreno Bastida, y exigió transparentar el destino de los recursos públicos asignados al organismo asistencial. 

Señaló que, durante sus recorridos por 23 delegaciones de Toluca ha recibido solicitudes de más de 200 apoyos, entre ellos muletas, andaderas, bastones, pañales para adultos mayores y otros artículos de primera necesidad, demanda de la población que contrasta con el presupuesto destinado a la asistencia social.

De acuerdo con las cifras que presentó y que dijo haber consultado en plataformas oficiales de transparencia, el DIF municipal cuenta con un presupuesto aproximado de 290 millones de pesos para 2026, lo que representa un incremento de 37 millones respecto a 2024.

Resaltó que alrededor de 198 millones de pesos se encuentran asignados al rubro de servicios personales, es decir, más de la mitad del presupuesto total, por lo que  cuestionó que, mientras esta cantidad se destina a dicho concepto, los recursos para ayuda social sean considerablemente menores.

Asimismo, indicó que en los reportes de transparencia del organismo se contempla una asignación anual de ocho millones de pesos para ayuda social, sin embargo, afirmó que en el último balance trimestral consultado únicamente aparecen 12 mil 700 pesos en subsidios.

La consejera también cuestionó la falta de información actualizada sobre la nómina y los funcionarios del organismo, pues aseguró que la última plantilla publicada corresponde a 2020, datos que arrojan que el DIF cuenta actualmente con alrededor de 660 trabajadores, por lo que es necesario aclarar cómo se distribuyen los recursos destinados a servicios personales.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la presunta discrepancia en la información financiera relacionada con la deuda pública del DIF, ya que, según mientras en el portal de transparencia aparece en ceros, en otros registros se reporta un adeudo cercano a los nueve millones de pesos.

Jardón Álvarez también cuestionó la asignación de aproximadamente 12 millones de pesos para publicidad y eventos, al considerar que estos recursos podrían estar relacionados con la promoción de la imagen de funcionarios municipales, entre ellos la presidenta del DIF y el alcalde Ricardo Moreno Bastida.

En este sentido, hizo referencia al artículo 134 constitucional, que establece disposiciones sobre el uso imparcial de los recursos públicos y la propaganda gubernamental, y pidió revisar si el gasto señalado cumple con la normativa.

Sostuvo que las deficiencias en la atención a la población son evidentes, particularmente en comunidades de las zonas norte y sur del municipio, donde las familias enfrentan dificultades para conseguir apoyos básicos, donde las personas deben presentar estudios socioeconómicos, solicitudes y esperar largos periodos para recibir artículos como bastones o andaderas.

Ante este panorama, llamó a Rocío Pegueros para que explique el destino de los recursos y solicitó a la sindicatura municipal revisar los presupuestos y, en caso de encontrar elementos suficientes, presentar las denuncias correspondientes.

También cuestionó la actuación de los integrantes del Cabildo, a quienes pidió asumir su responsabilidad en la revisión y vigilancia del gasto público, y no ser solo “levantamanos” para quedar bien con el alcalde toluqueño. 

Finalmente, resaltó que su denuncia está sustentada en documentación consultada en las plataformas oficiales de transparencia, particularmente en el Ipomex, ya que que los recursos del DIF deben destinarse a atender las necesidades de la población y no a otros fines.

(Foto: Martha Romero)