Martha Romero 

El grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar el Poder Judicial del Estado de México, con el fin de armonizarla con la reforma a nivel federal, que plantea la elección por voto popular de la mitad de los jueces y magistrados mexiquenses el primer domingo de junio del 2025 y la otra mitad en el 2027, es decir, designar en las urnas a casi 30 de los actuales 57 magistrados y más de 215 de los 438 magistrados actuales.

A nombre de la bancada, el diputado Octavio Martínez Vargas expuso que la propuesta propone la creación del Órgano de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración, instancias que serán de mando y control del Poder Judicial del Estado de México.

Expuso que la iniciativa propone la elección de personas juzgadoras, estableciendo que magistrados y jueces del Poder Judicial mexiquense sean electos por voto popular, con opción a reelección, que ocupen el cargo nueve años y perciban una remuneración que no rebase la del titular del Ejecutivo federal.

Añadió que se instruye a la Legislatura local como encargada de emitir la respectiva convocatoria, de acuerdo con los cargos sujetos a elección, que cada poder del Estado integre un comité de evaluación de los aspirantes y que integre las listas de las personas idóneas para participar en la elección. 

Martínez Vargas indicó que se prohibirá que el Poder Judicial mexiquense constituya o mantenga en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley, además de reemplazar el actual Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial.

Indicó que para la administración y carrera judicial, plantea la creación de un Consejo de Administración Judicial que tenga independencia técnica y de gestión, responsable de la determinación del número, división en distritos, competencia territorial y especialización por materias de los tribunales, salas y juzgados.

Además propone el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño; además de que privilegiará la paridad de género, fortalece la escuela Judicial, facilita el acceso al Poder Judicial de jóvenes profesionistas e incorpora la acción popular ciudadana para interponer controversias constitucionales.

(Foto: Especial Portal)