La Columna del Vigía

+El DIFEM sigue “perdiendo” niñas y Karina Labastida no dice ni pío.

+¿En manos de quién están las niñas y los niños de la Villa Hogar?

Lo que ha sucedido en el DIF del Estado de México con dos adolescentes que “escaparon” del albergue Villa Hogar, que opera esta institución en Toluca, no puede quedar en que como ya las encontraron, asunto cerrado.

En un mismo mes, las dos adolescentes “desparecieron” del albergue donde estaban al cuidado de una institución del Estado, garante del principio de interés superior de las y los menores de edad y de todos sus derechos. Pero ese descuido institucional puso en riesgo su integridad y quizá sus vidas.

Primero fue María Guadalupe, de 17 años, quien abandonó el albergue el 11 de septiembre. Dos semanas después, el 28, se reportó la desaparición de Kristina, de 16 años.

Afortunadamente ninguna de las dos pasó a la lista de las desaparecidas para siempre. Las dos fueron localizadas. A María Guadalupe se le encontró en el municipio de Tultepec, y a Kristina, en Tijuana, Baja California.

Las historias de ambas están marcadas por posible violencia en sus hogares de origen, que las autoridades afirman estar investigando. Y en los sitios donde se les encontró las dos estaban “acompañadas” por hombres mayores. María Guadalupe estaba con un sujeto, Eduardo “N”, de 33 años de edad, su presunto novio, quien quedó detenido por la Fiscalía mexiquense. Del hombre que tenía a Kristina no se proporcionó ninguna otra información, solo se dijo que la adolescente afirmó conocerlo.

El DIFEM se concretó a informar que cesó y denunció penalmente al subdirector del Centro de Asistencia Social Villa Hogar y a quienes resulten responsables. El probable cargo es “omisión de cuidado y lo que resulte”. No es delito grave, así que los denunciados están en libertad, porque en el país de las desaparecidas no es grave que a una institución se le pierdan dos niñas que tiene bajo su resguardo, a las que tampoco nadie cuida en su casa.

La directora general del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, no ha considerado necesario dar ninguna explicación sobre las circunstancias por las que la institución a su cargo omitió proteger a las jóvenes que el Ministerio Público puso bajo su resguardo. ¿Dos vidas en peligro real, más las del resto de las niñas, niños y adolescentes que viven en el albergue, no ameritan acciones inmediatas y extraordinarias de protección e información transparente y oportuna a la sociedad?

La omisión de cuidados es una forma de violencia, podrán decir que no fue intencional y que, por lo tanto, no lo es estrictamente. Ya se verá en los resultados de la investigación judicial. Toda coincidencia es sospechosa.

Violencia institucional contra dos víctimas de violencia de género, y revictimización, por las omisiones que acentuaron su vulnerabilidad. Todo a cargo de quien, cuando fue diputada local, alardeó de ser la impulsora de profundas reformas a las leyes estatales para proteger a las mujeres. Letra muerta.