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Tropieza PRIAN con su propio criterio, impuso la Supremacía Constitucional que ahora no le gusta: Sheinbaum

Leobardo Hernández 

El criterio de Supremacía Constitucional de la ley de Amparo, que ahora será constitucional, fue un criterio impuesto en dicha legislación en 2013 por los hoy partidos de oposición PRI, PAN y PRD con su mayoría en el congreso, con el fin de impedir impugnaciones a las reformas que privatizaron el patrimonio del pueblo impulsadas por el priista Enrique Peña Nieto, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

 Durante la ‘conferencia del pueblo’ en Palacio Nacional, la mandataria expuso que “ayer me enteré, por la participación de la ministra Sánchez Cordero en el Congreso, [...] que este punto, el 61, artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral 1, que ahora formará parte de la Constitución, lo incorporó el PRIAN en el 2013 a la Ley de Amparo. O sea, es una modificación de ellos mismos con la que ahora están en contra”.

Al respecto, ironizó: “entonces, en el 2013 era válida porque era la reforma energética que privatizaba Pemex y CFE, que le quitaba a las mexicanas y a los mexicanos sus empresas públicas, pero ahora no, cuando se trata de que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. Entonces”.


Sobre el tema, profundizó el constitucionalista y consejero adjunto de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Raúl Armando Jiménez Vázquez, detalló que dicho criterio también está previsto de facto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también llamada Carta Magna. Lo que “es una categoría jurídica de carácter superior que tiene carta de naturalización, que tiene hondas raíces en la teoría, en la doctrina jurídica, en la interpretación judicial y en nuestro artículo 133 constitucional”. 

En este sentido, estableció que “quiere decir que la Constitución, la Carta Magna, es el texto fundante del orden jurídico mexicano, federal, estatal y municipal. La Constitución tiene supremacía porque justamente impera absolutamente y está por encima de todas las disposiciones constitutivas de la pirámide normativa del Derecho nacional”. 

Destacó, en este sentido, que el único poder facultado para reformar la constitución es el legislativo, con sustento en el artículo 135 de la Carta Magna, que no ha tenido modificaciones desde su origen y pauta que “el Poder reformador de la Constitución; y el procedimiento previsto ahí mismo, en el artículo de referencia 135, es el procedimiento complejo que vincula, que conecta y articula al Congreso de la Unión, a través de mayorías calificadas y a las legislaturas de los estados mediante la conjugación de la mayoría simple”.


Explicó de forma clara que, al terminar el proceso de revisión de una reforma por las cámaras de diputados, senadores y los 32 congresos locales, de los que mínimo 17 deben estar de acuerdo, el decreto se entrega al Poder Ejecutivo encabezado por la presidenta o el presidente en turno, quien tiene la potestad de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor irremisiblemente.

“Y en razón de ello, justamente es que, a través del Poder reformador de la Constitución, se elevó a rango constitucional el impedimento para someter a revisión judicial las reformas o adiciones, en general y en particular, las que nos ocupan en esta parte del proceso histórico de nuestro país. Y fue así como en el artículo 107 constitucional se establece que el Juicio de Amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Esto no es ninguna novedad, todo lo contrario, ya está previsto en la Ley de Amparo vigente, a partir del año 2013” especificó.

Por su parte, la mandataria sostuvo que el abierto desacato de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una provocación para tomar medidas más rigurosas, mismas de las que no echará mano su gobierno, pues la ley, aseguró, está de su lado.

“Es republicano lo que estamos haciendo, está dentro de la Constitución, forma parte de nuestro Estado de Derecho. [...] Nos están provocando, ¿en qué sentido?, quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así. No lo vamos a hacer, por más que estén violando ellos la Constitución, porque es lo que ellos quieren”, aseveró.

(Foto: presidencial)

 


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