Leobardo Hernández

Respecto a la lluvia de amparos que ha liberado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intentar frenar la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que dichos procesos son ilícitos, pues 'no le corresponde, es como si yo quisiera emitir una orden de aprehensión, eso le corresponde a un juez".

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el domingo pasado el decreto por el que se reforma al Poder Judicial de la Federación, luego de su aprobación por mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, así como en la mayoría de los congresos estatales, con lo que se cumplió de conformidad con la ley la concreción de la reforma constitucional.

Sin embargo, durante el proceso distintos jueces federales emitieron amparos para detener el proceso de reforma, a pesar de ser improcedentes por la intromisión que representan al Poder Legislativo, que tiene la potestad soberana de reformar la constitución.

Uno de estos intentos se dio el pasado 12 de septiembre, cuando un juez federal de Baja California otorgó un amparo a la fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, con la finalidad de detener la discusión en el Senado para aprobar la reforma judicial.

En el marco de dichas medidas claramente ilegales, el presidente Andrés Manuel López Obrador acentuó la urgencia de consolidar la reestructuración del Poder Judicial, pues ha sido un ente corrupto.

"Ahora un juez o dos ordenan que se detenga todo el proceso de reforma; muy lamentable ese proceder de ilegalidad es un asunto político: son merecedores a juicios políticos, pero ¿para qué? Es mejor que se sepa".

En este aspecto, aseveró que con la reforma, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, "el pueblo elegirá jueces; serán personas íntegras".

Esto al recordar casos de complicidad con infractores como Ricardo Salinas Pliego, quien debe al Servicio de Administración Tributaria alrededor de 35 mil mdp, cuyo proceso ha sido retrasado por el ministro de la corte, Luis María Aguilar, en primera instancia, y ahora por la propia ministra presidenta Norma Piña Hernández.

"Yo espero que todo esto cambie con la elección de los ministros", misma que prevé realizarse en marzo. "Estoy Seguro de que va a funcionar muy bien. El pueblo sabe lo que conviene y no le conviene; eso no lo aceptan los conservadores, ellos piensan que el pueblo es tonto; y no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto", concluyó.

De acuerdo con el decreto de reforma, el 1 de febrero se emitirá el listado de juzgadores que participarán en la elección, que se llevará a cabo, a su vez, el 1 de junio de 2025.

(Foto: presidencia)