Leobardo Hernández
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la reforma a las leyes secundarias en materia energética que erradica el esquema de privatización bajo el cual operaban Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con lo que se convierten en empresas públicas del estado en su totalidad, lo que representa que trabajen en 100% a favor del pueblo de México.
En la mañanera del pueblo de este miércoles, la mandataria explicó que “se establece a través de varios párrafos, uno de ellos que dice que las empresas públicas CFE y Pemex dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado. Parece algo menor, o parece que ya no van a ser productivas; van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes; van a tener la austeridad republicana como eje de su operación”.
En este sentido, la doctora Sheinbaum apuntó que de esta forma dejan de equipararse con empresas privadas y “además quedó establecido en el (artículo) 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios”, con lo que podrá llegar el servicio eléctrico a todos los rincones del país sin impedimentos de supuesta competitividad que frenaron desde 2013 su expansión para dotar a las y los mexicanos en aras de las empresas privadas.
“Es una reversión de la reforma de 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar; de hecho es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992. Se recupera el sentido público de CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional”, manifestó la primera presidenta del país.
Enfatizó que se mantendrá la producción privada, “pero se fortalecen las empresas públicas. Es algo muy importante, trascendente, histórico”.
Al respecto, la secretaria de energía, Luz Elena González, expuso que en este paquete de reformas se expiden las siguientes leyes:
Ley de Planeación y Transición Energética, implica la planeación desde el Estado con instrumentos que regulen la transición energética a energías limpias. Ésta reconoce la justicia energética “para reducir las desigualdades en el acceso y en el uso de la energía”, concepto que se emplea por primera vez en el marco jurídico nacional.
Las Leyes de Empresa Pública del Estado, (CFE y Pemex), que implican dejar de considerar su expansión como monopólica, y estarán reguladas por el derecho público y no bajo las reglas del mercado; “desaparecen las subsidiarias, que eran empresas privadas dentro de las empresas de CFE y de Pemex. En el caso de Pemex se contaba con 3 empresas subsidiarias y casi 50 empresas filiales donde el control de la empresa era muy complicado. Y en el caso de CFE, desaparecen las 9 empresas subsidiarias que se comportaban como empresas privadas independientes y las 4 filiales”. De esta manera se reintegra a Pemex y a CFE, después del desmantelamiento legal que les impuso la reforma de 2013 y que obstaculizaba su operación eficiente, señaló Gonzalez.
¿Inversión para dotar al país de energía eléctrica
Bajo este marco, la Comisión Federal de Electricidad invertirá entre 2024 y 2030 23 mil 400 millones de dólares (mdd): 12 mil 300 mdd en generación, 7,500 mdd en transmisión (infraestructura de redes) y 3 mil 600 mdd en distribución (subestaciones, transformadores y alimentadores).
Se garantizará la producción del 54% mínimo de la energía nacional y se mantiene el compromiso de mantener las tarifas mínimas sin aumentos en términos reales.
Pemex
En tanto, Pemex tendrá preferencia en determinación y elección de asignaciones; podrá tener contratos mixtos en este rubro, y se rescata a la industria petroquímica y de fertilizantes. Se instaura el nuevo régimen fiscal Derecho Petrolero para el Bienestar con el fin de subsanar la enorme deuda a la que fue sometida esta empresa durante el periodo neoliberal.
Esto permitirá mayor inversión individual o mixta en energía limpia, mejor control de permisionarios, implementar nueva tecnología en exploración de yacimientos.
Este paquete de reformas a leyes secundarias se turnará al Congreso de la Unión para su aprobación, misma que se prevé en sintonía con la mayoría del grupo parlamentario de Morena y aliados (PVEM y PT) en las cámaras de senadores y diputados.
(Foto: presidencia)
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