Leobardo Hernández 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que llegó a la presidencia de la república para guardar y hacer guardar la ley, por lo que no hay manera de reunirse con Ricardo Salinas Pliego para "negociar" su deuda fiscal de 74 mil millones de pesos a las arcas nacionales.

"Es importante que se conozca cómo se calculan los adeudos fiscales, cómo no es un asunto de negociación en 'lo oscurito', cómo es un asunto de ley. Cuando llegué a la presidencia en el Congreso de la Unión, juré guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces es importante que se entienda que cuando se hace una revisión fiscal y se encuentran adeudos que debe pagar el deudor y que tiene derecho a sus reclamos dentro del marco de la ley [...] Y de cómo en algunos casos del viejo régimen de consolidación fiscal se buscaba pagar el menor número de impuestos posible", explicó la presidenta.

El mensaje fue directo y contundente a Ricardo Salinas Pliego, quien, a través de un comunicado a nombre de Grupo Salinas emitió un comunicado exhortando a la presidenta a una reunión para trabajar en una "mesa de negociación", propuesta que rechazó categóricamente la mandataria, pues no tiene competencia en materia fiscal.

Para poner en claro que dicha situación no es una “persecusión política”, como denuncia el heredero de Hugo Salinas Price, la procuradora fiscal Grisel Galeano expuso cómo se generó el adeudo de Grupo Salinas.

Expuso que, bajo el esquema de consolidación fiscal, dueños de distintos corporativos pagaban los impuestos de diferentes empresas como si éstas fueran una sola, “así una empresa, cuando le iba muy bien y tenía utilidades, y resultaba que a otra de sus hermanas subsidiarias o filiales, le iba mal, pues se calculaba que tendría pérdidas, entonces podían sumar y restar los resultados entre todas y así llegaban a un cálculo adecuado para todas, y así llegaban a un cálculo adecuado para todas para pagar un poco menos de impuestos”.

El fin de dicho esquema era no dejar sin liquidez a los corporativos con el supuesto de impulsar la competencia internacional y la generación de empleos “pero hubo abusos, se generó una problemática importante porque movían los números de la contabilidad para aparentar más pérdidas de las que en realidad tenían y pagar menos impuestos”. 

Esto repercutió en que, además, diferían el pago de contribuciones a la Hacienda pública incluso dejando de pagar. 

“Esto generó un grave problema a la recaudación del Estado y demás se veía un trato desigual entre las pequeñas empresas, las grandes empresas, que además sí pagaban completo”. 

En 2014 se cancela dicho sistema y en 2018 “se determinan cero privilegios fiscales, ya no hay consolidación”. 

Al respecto, la funcionaria acentuó que las deudas de Grupo Salinas, por las que el magnate ha estado litigando durante años para evitar cumplir sus obligaciones, ni siquiera corresponden a la época de la 4T, pues vienen desde los periodos de Calderón y Peña Nieto. 

En este sentido, expùso el caso de 4 empresas del corporativo. En una, se revisó su adeudo por los ejercicios fiscales de consolidación 2008, 2010, 2011 y 2012 y el ejercicio de desconsolidación; es decir, tiene 17 años debiendo a la Hacienda nacional. 

Otra fue sancionada por el ejercicio fiscal de 2009, más la desconsolidación. Una más está sancionada con multa por reportar pérdidas indebidas, la última también reportó deducciones indebidas. 

Sólo en estos casos hay un total de deuda de 48 mil 382 millones de pesos, “casos que están a punto de fallarse en la Suprema Corte. 

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que éstas deudas ya han sido sentenciadas para su debido pago por el Poder Judicial del viejo régimen, sólo que la Suprema Corte estuvo deteniendo las sentencias de forma esquemática a favor del empresario usurero con el alias “tío Richi”.

A su vez, recordó que, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se terminó por ley la potestad del presidente o presidenta de la república para condonar o cancelar impuestos a grandes empresarios, como lo fue durante mucho tiempo con los gobiernos del PRI y del PAN, cuando los grandes evasores fiscales eran amparados por el poder ejecutivo.