Leobardo Hernández4

La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, aclaró la participación del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, en el caso de huachicol fiscal que podría significar una afectación al Estado por hasta 4 mil millones de pesos (mdp), en respuesta a cuestionamientos por presunta persecución política.

A través de un comunicado, la fiscalía estableció la participación del exgobernador en la empresa Ingemar, vinculada con el contrabando de combustible, a partir de 2018, y como accionista mayoritario a partir de 2021, en sociedad con José ‘N’. 

“La investigación permitió advertir que tanto José ‘N’ como Ernesto ‘N’ comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes, particularmente relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa”, detalla el documento.

El descubrimiento de esta red que la fiscalía denominó “la más grande red de contrabando de hidrocarburos realizada por vías férreas”, inició con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Tras ser investigados, se estableció su relación con casos similares en San Luis Potosí y Nuevo Laredo.   

De acuerdo con la indagatoria, “presentaban las mismas características de importación irregular, al haberse declarado únicamente el 10% de lo que realmente contenían, permitiéndose reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible”.

En este sentido, la FGR reiteró que “Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política.

“Paralelamente, se identificó que, durante los años siguientes, la empresa amplió su objeto social para incluir actividades directamente relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación”.

Agregó que hasta el momento se han integrado expedientes con 96 datos de prueba entre los que destacan dictámenes periciales de los hidrocarburos contenidos en los ferrotanques, dictámenes para establecer la capacidad de los contenedores en comparación con los volúmenes reportados a las autoridades mexicanas.

Asimismo, apuntó que al momento se ha perfilado un daño a las arcas nacionales por hasta 100 millones de pesos por el análisis de 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025, vinculados con la empresa en que el panista participa; sin embargo, de acuerdo con datos de las Secretarías de Aduanas y Hacienda, durante el primer semestre de ese año la empresa pudo haber perpetrado hasta 4 mil operaciones de contrabando, lo que significaría un daño al patrimonio nacional de hasta 4 mil millones de pesos sólo en ese lapso. 

Finalmente, la FGR señaló de forma categórica que “el delito de delincuencia organizada, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amerita prisión preventiva oficiosa. Es la Carta Magna la que establece que las personas imputadas por dicho ilícito no pueden seguir su proceso en libertad. Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”.

(Foto: Especial Portal)