Leobardo Hernández

Este 2 de octubre, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró y ofreció disculpas públicas a nombre del Estado Mexicano por la represión contra los estudiantes que exigían libertad de expresión, masacrados por órdenes del priista Gustavo Díaz Ordaz en esta fecha, pero de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, Ciudad de México.

“Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que pedía libertad, democracia, libertad de presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Fue ordenada, por el entonces presidente de la república, Diaz Ordaz, la represión contra estudiantes que, en libertad y pidiendo diálogo público, fueron asesinados, encarcelados”, reseñó la presidenta.

Como la activista estudiantil que fue durante la década de 1980 en defensa de la gratuidad de la UNAM, refirió que “soy hija del 68, mi madre participó en ese movimiento estudiantil [...] ella participó durante todo el movimiento ayudando a los estudiantes [...] para nosotros, en la familia, fue algo que vivimos personalmente. [...] el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de ese movimiento, para mí, pues fue el triunfo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador que recupera libertades”. 

Pablo Gómez, protagonista de los hechos al ser parte del estudiantado reprimido y sobreviviente de dicho evento, rememoró que tras el sangriento suceso contra jóvenes desarmados, algunos de los capturados fueron presos y condenados hasta por 16 años; mas, en su caso personal, lefue concedida una amnistía por parte del poder legislativo. 

Previamente se expuso un video en el Salón de Tesorería (que continuará siendo el epicentro de la información directa de la presidencia) que expone la historia de la represión desde el inicio del movimiento estudiantil en julio de 1968 hasta el trágico desenlace el 2 de octubre, 10 días antes de inaugurar los Juegos Olímpicos en la capital del país. 

Al respecto, la consejera jurídica de presidencia, Ernestina Godoy, leyó el decreto que la presidenta promulgó en el Diario Oficial de la Federación, que establece, entre otras cosas, “En nombre y representación del Estado Mexicano se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 1 de octubre de 1968 en contr<a de integrantes del heroico movimiento estudiantil, fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad como fue reconocido por el entonces presidente de la república y comandante supremo de las fuerzas armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe de gobierno textual dijo: ‘por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado [1968]’”.

El documento postula la disculpa pública a cargo de la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien acató la instrucción y pronunció “me dirijo a ustedes para pronunciarnos en nombre del Estado Mexicano por los actos cometidos el 2 de octubre de 1968. Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público [...] se trató de un reprobable acto de represión estudiantil y social [...] con la masacre de Tlatelolco se dejó ver el agotamiento del estado represor vertical y autoritario que usó la fuerza de sus instituciones en contra del pueblo”.

La disculpa se dirigió a las y los sobrevivientes, quienes han continuado con la lucha y la exigencia de justicia desde entonces, “por ese motivo el Estado Mexicano Ofrece una disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como éste no pueden repetirse”, asestó Rodríguez. 

El documento postula, además, el compromiso del gobierno mexicano para no volver a utilizar la fuerza del estado contra la ciudadanía. Así, la doctora Claudia Sheinbaum firmó el decreto que entra en vigor este mismo 2 de octubre. 

(Foto: captura de pantalla)