Leobardo Hernández

Ministros magistrados y jueces del Poder Judicial que se niegan a acatar el mandato constitucional para renovar dicha instancia han afectado los intereses del pueblo mexicano con la inoperancia y labor a consigna de poderes fácticos, permitiendo encarcelar a personas sin recibir sentencia, obstaculizando leyes a favor del desarrollo del país y recibiendo salarios y prestaciones fuera de la ley.

Así lo expuso la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la ‘conferencia del pueblo’ de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien expresó que los juzgadores “han emitido resoluciones y amparos frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía [...] han intentado paralizar proyectos importantes como obras públicas o políticas del bienestar; también han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias generando impunidad y negando el acceso a la justicia”.

En este sentido, expresó que de las 21 mil personas presas, 38% no han recibido sentencia debido al lento actuar de las y los jueces. expuso el caso específico del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) femenil de Morelos, donde 415 personas permanecen presas en espera de sentencia desde, incluso, hace 17 años. Apuntó que el 34.2% de esta población ha esperado entre 9 y 12 años a que un juez determine su libertad o periodo de condena.

Por otro lado, y con una inmediatez que contrasta con la torpeza deliberada respecto a las sentencias en penales, las y los juzgadores han bloqueado con premura acciones de la Cuarta Transformación para derribar el modelo neoliberal de privatizar los bienes de la nación. Recordó que el Poder Judicial ha emitido 161 suspensiones contra la Reforma a la Ley Eléctrica, 5 contra la reforma a la Guardia Nacional, 5 contra la Ley de Minería (que busca reducir el impacto ambiental por esta actividad), 25 para frenar el Fondo de Pensiones para el Bienestar (que busca garantizar el acceso a pensiones completas en el momento del retiro de los trabajadores).

Asimismo han liberado 717 suspensiones a la extinción de los fideicomisos de este poder, que acumulan miles de millones de pesos para mantener sus privilegios, y negando que se puedan emplear en labores de impacto social. A su vez también han otorgado 240 amparos a empresas de vapeadores para continuar vendiendo estos insumos que afectan la salud pública.  

Las y los jueces también intentaron impedir la construcción del Tren Maya con 2 amparos en su contra. Cinco amparos más los resolvieron para evitar restringir de inmobiliarias çareas naturales protegidas y concedieron 26 más para bloquear la entrega de Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública.

Poder Judicial, coludido con el PRIAN

Respecto a la reforma judicial, las y los jueces han intentado revertir esta ley con intromisiones al poder legislativo. Icela Rodríguez recordó que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, mantuvo una reunión en diciembre de 2023 en la mansión del ministro Alcántara Carrancá a la que asistió el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, alias ‘Alito’, y a la que también estaba invitado el panista Santiago Creel Miranda, quien no asistió. 

Rememoró que en julio pasado, un juez de distrito ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designar 2 magistraturas vacantes para calificar la elección, a lo que se negó.

Igualmente, en agosto de 2024 la ministra Piña Hernández admitió un recurso del Partido Acción Nacional enviado por su dirigente, Marko Cortés,para reinterpretar los criterios de asignación de plurinominales en el Congreso, buscando más cargos de los que les corresponden por voto popular, lo que se vio frustrado por la negación del Tribunal Electoral a actuar contra la ley.

Asimismo, el Poder Judicial tiene una plantilla construida a base de nepotismo e influyentismo. La supuesta carrera judicial que defienden los ahora integrantes del PJ consiste en la venta de exámenes para selección de jueces en la Escuela Judicial con un valor de 186 mil pesos. Mientras que los concursos de oposición son ‘adquiridos’ por personas cercanas a jueces y magistrados.

De esta forma, el Consejo de la Judicatura Federal reveló en diciembre de 2022 que el 49% de la plantilla del Poder Judicial de la Federación está compuesto por familiares y allegados, es decir: 24 mil 446 trabajadores consiguieron el empleo “por palancas”. En tanto, 85% de las y los magistrados, así como el 65% de los jueces tienen familiares trabajando en la institución.  

En un caso, el que más allegados tiene trabajando en esta instancia, sus familiares son: un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales. Y el promedio es que cada trabajador tiene al menos 4.5 parientes laborando en el Poder Judicial.

El poder impune contra el pueblo

El actuar de las y los juzgadores no ha pasado desapercibido ni ha sido omitido por la ciudadanía. de 2004 a 2023 se presentaron 38 mil quejas contra servidores de la instancia ante el Consejo de la Judicatura Federal; mas 86% fueron desechadas y sólo 472 jueces fueron sancionados.

Las y los integrantes de la cúpula han violado abiertamente la ley establecida desde el inicio del sexenio del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se concretó la Austeridad republicana, ordena un sueldo menor al adquirido por el presidente de la república en cualquier cargo público. 

“Alcanza un ministro de la Corte un salario de 792,256 pesos mensuales (con prestaciones) [...] un consejero de la Judicatura tiene un salario mensual de 470 mil 787pesos”. 

En huelga, pero cobrando

“Todos los trabajadores del Poder Judicial siguen recibiendo su salario aunque están en paro”. En este sentido, Icela Rodríguez señaló que desde el inicio de la huelga de trabajadores, se cancelaron 12,448 audiencias, y de las 656 apelaciones pendientes de resolución, 52% tiene de 4 a 23 meses sin sentencia; es decir, aún antes del paro ya era deficiente el desahogo de procesos. 

(Foto: presidencia)