Leobardo Hernández 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que La Ley General para Prevenir, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio busca erradicar la desatención y los carpetazos a casos de muertes violentas de mujeres que en infinidad de ocasiones no son seguidos a fondo por las Fiscalías estatales.

Al respecto, la mandataria expuso como antecedente que, durante su cargo como fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy y su equipo " generaron un esquema de acción y atención al delito de feminicidio, lo que permitió bajar la impunidad", meta que se busca ahora a nivel nacional.

Durante la mañanera del pueblo de este martes, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, presentó esta iniciativa, elaborada por la instancia que dirige en coordinación con la secretaria de las mujeres, Citlalli Hernández.

La reforma, aseveró, "impulsa la construcción de un marco jurídico que permita homologar el tipo penal en el que se reconocen 9 razones de género":

- Signos de violencia sexual 

- Lesiones degradantes o infamantes

- Antecedentes de violencias

- Prejuicios/ Estereotipos 

- Existencia de relaciones de poder o subordinación 

- Que la víctima haya sido incomunicada

- que se encuentre en estado de indefensión 

- que haya exposición del cuerpo 

Se buscarán condenas de 40 a 70 años a quien perpetre este tipo de crímenes, así como una sanción económica. Se consideran 21 agravantes; entre ellas, que las víctimas sean menores de edad o adultas mayores, que tengan alguna discapacidad, que el crimen se cometa en presencia de descendientes, que sean migrantes, o sean originarias de naciones indígenas o afrodescendientes.

"Estamos buscando homologar los protocolos de investigación en todo el país para incorporar la forma de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio para incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso", remarcó Godoy.

Asimismo, enfatizó, los feminicidios serán investigados de oficio y la representación integral del daño, sanciones y ejercicios penales que se impongan a las o los victimarios serán considerados imprescriptibles.

Igualmente, quien perpetre feminicidio perderá derechos sobre propiedades, la patria potestad de hijas e hijos, la tutela o curatela de personas sobre las que se tenga algún derecho.

Respecto a las autoridades, la propuesta manifiesta que se deberá homologar el proceso de gestión ante estos casos tomando en cuenta: perspectiva de género, la debida diligencia, analisis de contexto de violencia, preservación adecuada de indicios y la coordinación interinstitucional.

Asimismo, establece que cada fiscalía estatal deberá contar con unidades especializadas en este tipo de indagatorias y personal capacitado.

"Buscamos que sean certificados para que puedan pertenecer a estas unidades con una serie de requisitos para su ingreso y su permanencia", apuntó la fiscal.

Respecto a las víctimas indirectas, se prevé resguardar su derecho a la verdad, a la atención emocional, médica y psicológica de urgencia para las sobrevivientes del crimen en tentativa así como a la asesoría jurídica gratuita.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que esta propuesta se enviará lo más pronto posible Congreso de la Unión para su discusión y eventual votación. "No creo que nadie se oponga", previó.

Finalmente, expresó que "eso va a obligar a que ningún ministerio público, como ha pasado muchas veces, diga 'se suicidó', 'es que broncoaspiró' ... Hay muchos casos todavía. No, hay muerte violenta: obligación de investigar como feminicidio", y agregó que, de no haber pruebas del asesinato de una mujer por odio tras la investigación, entonces se cambiará el criterio.