La justicia mexicana no se cruzó de brazos antes del proceso contra Genaro García Luna (execretario de seguridad de Felipe Calderón durante su mandato) por narcotráfico en Estados Unidos, pues existen investigaciones por tráfico ilícito de armas, uso indebido de atribuciones, corrupción y lavado de dinero por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En la mañanera del pueblo en Palacio Nacional de este viernes, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el titular de la UIF, Pablo Gómez, informaron que hay al menos tres investigaciones abiertas en contra el llamado ‘superpolicía’ de Calderón.

En primera instancia, Rodríguez explicó que, a pesar de que Genaro García Luna fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión, en México debe responder por su participación en el operativo llamado ‘‘Rápido y Furioso’’, un mecanismo a través del cual se ingresaron a nuestro país más de dos mil armas con un chip de forma ilegal; por su involucramiento en una asociación delictuosa en el caso de la privatización de los penales federales; así como por contratos entregados de manera irregular para el equipamiento de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), hecho en el que se involucran 61 personas más, incluidos algunos de sus familiares.

 Por su parte, Pablo Gómez expuso que derivado de los actos ilícitos de Genaro García Luna durante el periodo 2009-2018, el Estado mexicano reclama, a través de un proceso civil, más de 600 millones de dólares por las irregularidades presentadas en la asignación de 30 contratos por parte de la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) al Grupo Weinberg. Detalló que con estos contratos se pagaron 625 millones 188 mil 677 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos a empresas vinculadas al consorcio que encabezó Jonathan Alexis Weinberg Pinto, montos que fueron pagados a cuentas en Israel, Barbados y México, a las empresas del consorcio constituidas en Panamá que operaron en territorio mexicano.

Manifestó que, aunque a la fecha ya se han cumplimentado 12 órdenes de aprehensión; hay ocho personas detenidas; ocho personas vinculadas a proceso; se han recuperado dos millones 406 mil 427 dólares por la venta de inmuebles y un acuerdo reparatorio; un departamento propiedad de Genero García Luna valuado en 555 mil 800 dólares para su venta y han sido aseguradas 15 propiedades más, involucradas con los delitos que se le imputan; el Gobierno de México solicitará su extradición.

“¿Qué procede? solicitar la extradición, solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplica la extradición”