Leobardo Hernández

El Tribunal Colegiado de Apelación resolvió que “no hay delito que perseguir” por la concesión del Viaducto Bicentenario a OHL (ahora Aleática) por parte de funcionarios durante el gobierno de Alfredo del Mazo, pese a las 110 elementos de prueba que acreditaban la ilegalidad en la explotación de dicha vialidad por parte de la empresa española. 

Así lo dio a conocer la propia empresa a través de un comunicado en el que manifiesta: “En su sentencia, el Tribunal Colegiado de Apelación confirmó el sobreseimiento del caso en el que se resolvió que no existe delito que perseguir con relación a la explotación del Viaducto Bicentenario, lo que impide que la FGR continúe investigando dicho hecho“.

En 2008, el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto entregó la concesión a la empresa OHL para explotar el Viaducto Bicentenario, vialidad construida sobre un tramo de la carretera México-Querétaro, que por operar bajo jurisdicción federal tendría que haber sido entregada por el gobierno de México, y no por el de la entidad. 

Posteriormente, ya en el gobierno de Alfredo del Mazo, el entonces secretario de gobierno, Ernesto Nemer; el secretario de movilidad, Luis Gilberto Limón; Alberto Angulo, exdirector del sistema de autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la junta de caminos fueron acusados de firmar un contrato para legitimar la ilegalidad.

Por estos hechos, los ya exfuncionarios fueron citados a una audiencia el 5 de enero del año en curso, misma que se postergó por su inasistencia. Ésta se concretó finalmente el 13 de marzo. En la sesión, la FGJ presentó documentación con 114 elementod de prueba contra los acusados, pero fueron desestimados por el juez Daniel Ramírez Peña adscrito a los Juzgados del Penal de El Altiplano ‘Almoloya de Juárez’, quien resolvió el sobreseimiento del caso al considerar que no había delito que perseguir. 

Dicha resolución fue celebrada por Aleática a través de un comunicado que expresa “Nos alegramos de que juez de control haya advertido que el caso carece de elementos. No cabe duda de que nuestro director general en México, Rubén López Barrera, no hizo más que dirigir nuestras acciones para seguir cumpliendo con nuestras obligaciones en virtud de un Título de Concesión, que se otorgó de forma competitiva, válida y en pleno vigor. La resolución del juez lo reconoce”.

Al considerar los elementos de prueba y el dudoso desempeño del juez, la Fiscalí General de Justicia apeló tal decisión; no obstante, este 6 de junio, el Tribunal Colegiado de Apelación determinó avalar la sentencia del juez que exime a la empresa y a los implicados de cualquier investigación del la FGJ por corrupción , cerrando el caso por completo. 

Esto sucede en el contexto de una posible reforma al Poder Judicial de la Federación ante la mayoría calificada del partido oficialista y aliados a nivel federal, pues, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dicha instancia está secuestrada por empresarios que usan a los ministros como sus empleados para validar sus operaciones ilegales. 

(Foto: OHL)