Martha Romero

A la señora Modesta “N”, de 58 años de edad, la vida le volvió a sonreír, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) lograra el beneficio de la amnistía para una sentencia de 43 años y 9 meses de prisión que le fue impuesta por el delito de extorsión, después de ser detenida en septiembre de 2019.

La notificación de la resolución emitida por el Poder Judicial mexiquense a la beneficiaria, a quien recientemente se le concedió la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud, ya que padece diabetes mellitus, hipertensión arterial y es sobreviviente de cáncer, fue atestiguada por la presidenta del organismo defensor, Myrna García Morón.

“El Estado otorga el perdón y olvido de actos delictivos, por tanto, al firmar el documento respectivo tiene plena libertad y no le debe nada a la justicia, puede acudir a cualquier lugar con la frente en alto y ejercer sus derechos político-electorales, ya que se borran sus antecedentes penales”, explicó García Morón.

A la señora Modesta la sentenciaron por una extorsión denunciada por quien era su jefe en una tortillería en Jilotepec, fue detenida por la Policía Municipal luego de ser despedida y hostigada por su jefe para tener relaciones sexuales, a lo que se negó. El sujeto denunció a la Policía Municipal que había recibido una nota de extorsión en la que lo amenazaban de que privarían de la vida a su familia si no entregaba una cantidad de dinero.

Ese individuo acusó a Modesta de hacer esa nota y cobrar el dinero de la extorsión, sin embargo, ella no sabía leer ni escribir. Durante el proceso los tres defensores de oficio que tuvo no hicieron su trabajo como debían, lo que derivó en la sentencia.

Por ello, la Codhem emitió un pronunciamiento a favor de Modesta “N”, porque no se consideraron categorías sospechosas como ser una persona en situación de pobreza y en situación de violencia, padecer enfermedades crónico-degenerativas, ser una persona en situación de vulnerabilidad y discriminación de género, además de que se vulneró su derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

El caso de Modesta “N” fue detectado en una de las visitas de inspección que el organismo hace de manera constante y aleatoria a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México.