Eric Rosas

Silencio

La semana pasada la candidata oficialista sostuvo una reunión con algunos miembros de la comunidad científica de México. Invitados por quien alguna vez fuese el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el médico Juan Ramón de la Fuente, los académicos escucharon —porque no tuvieron la oportunidad de expresarse— a quien aspira a encabezar al Poder Ejecutivo Federal a partir del primer día de octubre de este año y hasta el último de septiembre del año 2030. La candidata, cuya formación profesional tuvo lugar precisamente en esa casa de estudios, es egresada de la licenciatura en física, pero posteriormente continuó su formación en el campo de la ingeniería, también en la UNAM.

De lo pronunciado por la aspirante de la coalición gobernante poco se puede destacar, pues toda su intervención se dedicó a la mención de incontables promesas, muchas de ellas típicas de estos periodos electorales y sumamente etéreas, como las conocidas: “apoyaré a la ciencia como nunca” o “aumentaré el presupuesto para la ciencia como jamás antes se ha hecho en México”. Compromisos que, una vez obtenido el voto, quedan en el olvido y, en los más de los casos, son precisamente contradichas en las acciones de los nuevos gobiernos.

Lo que conviene destacar de la reunión con este grupo de académicos fue la expresión hecha por la contendiente por la presidencia de México, al referirse al oprobioso caso de las acusaciones infundadas de las que fueron objeto más de una treintena de científicos y funcionarios, quienes esta semana fueron exonerados de manera definitiva por las autoridades judiciales. La candidata oficialista aseguró que le pareció excesiva esta persecución, pero nunca expresó dicha inconformidad.

Al igual que en esta lamentablemente persecución con motivación puramente política, la aspirante oficialista tampoco se pronunció en contra de la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología que fuera ordenada por el primer mandatario, y que despojó a los científicos de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) coordinados por el otrora Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de los recursos, mayoritariamente propios, con los que hacían frente a contingencias e imprevistos, y con los que podían mantener la continuidad de los proyectos multianuales y de las colaboraciones internacionales.

Otro silencio similar fue el que la candidata guardó ante la imposición ilegal de la llamada Ley Buylla, que las fracciones legislativas oficialistas fraguaron aquella Noche Triste en el antiguo Palacio de Xicoténcatl. En una sesión plagada de irregularidades y hasta de violaciones flagrantes a distintos ordenamientos legales, los senadores del oficialismo convirtieron en ley a una iniciativa presidencial en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que incorporó a las fuerzas armadas de México en el diseño y conducción de la política pública de ciencia y tecnología del país, al mismo tiempo que apartó a la comunidad científica.

Durante el actual sexenio las afectaciones a la comunidad científica y tecnológica del país fueron constantes. Muchas veces el mismo primer mandatario arremetió con insultos y descalificaciones contra este gremio al tacharlo hasta de mafia. A través de la titular del CONACyT, estas ofensas y estigmatizaciones se convirtieron en cacerías de brujas que, mediante calumnias y amenazas, llevaron a la renuncia o la destitución de varios titulares de los CPIs que habían sido designados por la administración precedente o no aceptaron someterse a una práctica administrativa parcial. Y ni qué decir de la pronunciada reducción en el número de becas para la realización de estudios de posgrado o de las modificaciones inexplicables en las reglas de operación del Sistema Nacional de Investigadores.

Tras su prolongado silencio ante tantos agravios, luce muy complicado el que la candidata oficialista logre atraer para su causa a la comunidad científica de México.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.

Facebook, X e Instagram: @DrEricRosas