Martha Romero 

A pesar de que la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de México tuvo algunas trabas por parte de la diputada priista Lilia Urbina Salazar, ésta finalmente fue aprobada el pasado mes de marzo y tiene como objetivo respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, informó la diputada Alicia Mercado Moreno, presidenta de la comisión para la Atención de Grupos Vulnerables. 

La legisladora, quien presentó dicha propuesta de ley, señaló que cuando llego al Congreso Mexiquense se percató de que la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México que estaba vigente desde el 2012, era obsoleta hasta en el lenguaje porque no era el correcto e incluso era despectivo.

Por ello, propuso la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad porque este sector de la población esta invisibilizado porque ni siquiera hay un padrón real de personas con discapacidad en la entidad. 

Refirió que el entonces Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que ahora con la ley cambió su nombre a Instituto Mexiquense de la Discapacidad, su presupuesto estaba mal etiquetado para que no pudieran ejercerlo, es decir, estaba “amañado” y no se podía ejercer un presupuesto en el papel. 

Mercado Moreno explicó que para sacar esta ley en casi seis años, pues ha sido legisladora en la LX y LXI Legislaturas locales, tuvo muchos obstáculos y uno de ellos fue la diputada priista Lilia Urbina Salazar, quien “atoró” el dictamen en la comisión e incluso lo “rasuraron”, pero fue avalado.

Sin embargo, un día antes de que se iba a presentar ante el Pleno, indicó que se percató de que eliminaron el artículo que señala que se debe reservar en el transporte público un espacio para las personas con discapacidad, por lo que amenazó con reservar dicho artículo, lo cual ya no hizo porque antes de la sesión plenaria el dictamen ya aparecía con dicho artículo.           

No obstante, dijo, le ponen otra traba porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la manda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la declara inconstitucional, por lo que ordenó a la Legislatura local realizar una consulta pública a las personas con discapacidad con el protocolo que mandata la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para finalmente expedir la nueva ley.

Por último, mencionó que, entre otros aspectos, la ley considera la obligación de los entes públicos estatales de integrar medidas para el cumplimento de la ley, la armoniza con la Ley General de Educación y complementa la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad enfocada en la infancia y la adolescencia, además establece el respeto a la consulta de las personas con discapacidad como mecanismo de participación directa en los procesos de decisión sobre sus derechos.

(Foto: redes)