Martha Romero 

Con el fin de garantizar la protección, salvaguarda y desarrollo del patrimonio material, cultural y la propiedad intelectual colectiva, el diputado Faustino de la Cruz Pérez, integrante del grupo parlamentario de Morena, propuso establecer un capítulo dentro de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, denominado ‘Protección del Patrimonio Material y Cultural de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas’.

Refirió que la iniciativa propone que toda autoridad auxiliar directa de los municipios y del estado que tenga presencia en pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas deberá garantizar el ejercicio de la autonomía hacia su patrimonio inmueble y cultural, procurando la protección de estos. 

Además, dijo, se deben reconocer los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras e inmuebles que ocupen, así como los inmuebles que fundaron, construyeron o donaron para beneficio colectivo para evitar que personas ajenas a los pueblos originarios puedan aprovecharse de su desconocimiento por las leyes para apropiarse de la propiedad, posesión o patrimonio inmueble y cultural que les pertenezca.

“Se les garantizará la protección de la posesión y propiedad de los bienes que conforman el patrimonio cultural, para su uso, acceso, goce y disfrute que ocupan tradicionalmente para la realización de sus actividades cotidianas, siendo estos bienes representativos y emblemáticos de cada comunidad”, añadió. 

De la Cruz Pérez precisó que en las últimas décadas los derechos indígenas han exigido defensa y protección basada en la diversidad y pluralidad cultural, además han reclamado tomen en cuenta la especificidad histórica de cada pueblo y comunidad para hacer visibles situaciones que les permitan participar y tomar decisiones sobre el rumbo que desean seguir para la satisfacción plena de sus derechos como personas, pueblos y comunidades indígenas.

Resaltó que sus bienes inmuebles no cuentan con la protección adecuada para evitar algún agravio o abuso por parte de las autoridades o terceras personas que quieran tomar el control de éstos, es decir, no hay fundamento en las leyes que reconozcan, regulen y garanticen la protección del patrimonio material de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas. 

Finalmente, señaló que las autoridades municipales deben respetar la autonomía de cada pueblo originario porque se rigen por usos y costumbres, por lo que la relación que existe entre pueblos originarios, comunidades indígenas y municipio no debería perjudicar a estas comunidades o pueblos, que no están obligados a entregar sus propiedades al municipio para que la autoridad se beneficie económicamente de ellos.

(Foto: Especial Portal)