Leobardo Hernández

El subsecretario de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, expuso 4 casos de jueces que han dejado libres, o amparado a presuntos delincuentes, aún cuando las pruebas obran de forma contundente en su contra.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Bucio comenzó por el caso de una niña mexiquense de 4 años que sufrió abuso sexual, cuyo presunto victimario fue absuelto. 

“Se trata de Alejandro 'N', el tío de la menor. Aquí el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela dictó sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de Alejandro 'N' acusado de abuso sexual ya que en su condena faltaron pruebas suficientes para justificar el abuso sexual a la menor. La Fiscalía del Estado de México está en proceso de apelar esta sentencia. Y aquí el juez pasó por alto el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia este caso”. 

Por otro lado, exhibió al juez Óscar Saúl Cortés Ortiz, quién modificó la sentencia de 4 procesados en Tijuana, que dictaba prisión preventiva. Esto fue canjeado por la excarcelación, donde los acusados se alojaron, en primera instancia, en un hotel, y posteriormente en la casa de su abogado defensor, para finalmente regresar al Cereso de Tijuana. Los presuntos criminales fueron detenidos durante el cateo a un inmueble en dicha ciudad. En este sentido, Rodríguez Bucio ironizó: “Por este caso el juez Cortés Ortiz en los medios y redes sociales ya es conocido como el ‘juez gran turismo’”.

En tanto, respecto al asesinato de la periodista María Elena Ferral, en Papanlta, Veracruz, uno de los presuntos implicados fue amparado por la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez. De este modo, Antonio ‘N’ fue librado de toda responsabilidad bajo la determinación ordenada por la juzgadora que refiere “insubsistente el acto de vinculación a proceso de fecha 12 de diciembre del 22 y emita uno nuevo en el que se establezca que no se acreditó la probable participación del imputado en los hechos”.

Finalmente, Bucio aludió al caso de Emilio Lozoya, quien fuera titular de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y es acusado de corrupción, en este caso “el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro otorgó un amparo a Emilio ‘N’ para dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en su contra desde el 2022 y que subsistan aquellas medidas no privativas de libertad que le habían sido impuestas en julio del 2020. Entre las medidas retomadas por el magistrado Contreras Navarro se encuentran la colocación de brazalete electrónico, prohibición de salir del país y la presentación periódica quincenal. A pesar de que Emilio ‘N’ fue aprendido después de haberse dado a la fuga, el magistrado Contreras Navarro consideró que la solicitud de imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada no estaba debidamente fundada”.

En el mismo caso, explicó que, en dos ocasiones más, “jueces han apoyado, favorecido a Emilio ‘N’: el primero fue el juez Genaro Alarcón López, lo benefició indebidamente excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agro Nitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había realizado Alonso ‘N’, lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio ‘N’.

Posteriormente, la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República en contra de Emilio ‘N’ por la adquisición de un inmueble de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble, ya que consideró que no se aplicaba la nueva normatividad del año 2019 porque la adquisición del inmueble se había realizado en el año 2012”.

(Foto: presidencia)