Martha Romero 

A pesar de la indignación expresada en redes sociales porque el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió a un hombre que abusó sexualmente de una niña de 4 años, algunos diputados mexiquenses desconocen este caso. 

Al ser cuestionados sobre este tema, los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Omar Ortega Álvarez, presidente de la comisión de Procuración y Administración de Justicia; y coordinador de la bancada del PRD, respectivamente, así como el legislador priista Braulio Álvarez Jasso, dijeron no tener datos sobre el tema y, por tanto, no podían brindar una opinión al respecto. 

En este caso, el Poder Judicial justificó la decisión del juez que exoneró al presunto abusador con el argumento de que, a pesar de peritajes y pruebas, la menor no dijo la hora y ubicación exacta donde se efectuó el abuso.

A través de un comunicado, señaló que no existieron medios de prueba que permitieran reconstruir los hechos y circunstancias aseveradas, los abuelos de la menor aseguraron que el día de los hechos, su hijo y sus menores hijas -entre ellas la víctima- estuvieron en su domicilio desde el medio día y hasta las 20:00 y 21:00 horas, lapso en el que ocurrió el presunto abuso, a las 19:00 horas.     

En este contexto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Elías Rescala Jiménez, señaló que todas las actividades del Poder Judicial deben estar reguladas por la Judicatura de este poder, que se encarga de revisar y controlar en todos los aspectos el comportamiento de los jueces y su integridad. 

“Como representantes populares y como gente que tiene una representación social, nos avocamos primero a que los jueces y todas las autoridades judiciales se conduzcan conforme a la ley, […] nosotros lo que debemos de esperar es que haya un tribunal que los juzgue y que los sancione en determinado momento. Hasta que no se pronuncie la autoridad competente, nosotros no podemos prejuzgar en el asunto, en ningún caso”, añadió.  

Mientras que el legislador Maurilio Hernández González, coordinador del grupo parlamentario de Morena, precisó que corresponde al Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial tomar cartas en el asunto porque es la instancia que tiene la facultad para dar seguimiento a la actuación de los jueces, magistrados y, consecuentemente, si se esta violando el Marco Constitucional y Legal, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen toda la obligación de intervenir a partir de aplicar las sanciones que correspondan a partir de lo que la normatividad interna del Poder establezca. 

Por ello, hizo un llamado al Poder Judicial para que ponga atención en estos temas que espera sean excepciones a la regla de lo que es el comportamiento y la actuación ética en el ejercicio de su función por parte de jueces y magistrados. 

Por su parte, el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, presidente de la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, dijo que es un hecho desafortunado porque si hubo elementos para sancionarlo porque le corresponde cuidar los derechos de las niñas y los niños, como lo ha hecho la comisión que preside al cuidar su integridad en todos los sentidos y en todos los lugares.  

“Creo que es desafortunada la decisión, seguramente tendrá sus elementos para haberlo hecho el juez, pero nuevamente vuelve otra vez esa incertidumbre, esa duda que existe a veces de las determinaciones judiciales, hoy particularmente en este caso, y como en otros casos”, añadió. 

Vargas Cervantes dijo que hay consternación por las circunstancias y por la situación, y creo que el daño que se le causa a un menor cuando hay una violación o un abuso sexual es irreparable, por más terapias y acompañamiento que se les brinde, es algo complejo que difícilmente cualquier ser humano puede superar. 

Refirió que estudiará más a fondo el caso y las determinaciones del juez para la sentencia que dio, lo que podría derivar en un exhorto dirigido no solo al Poder Judicial sino al área que corresponda al juez que califico este asunto, pues si bien hay jueces buenos también hay malos jueces, y la determinación en este caso deja un mal sabor de boca.

Cabe señalar que la legisladora del PAN, Martha Amalia Moya Bastón, presentó una iniciativa que busca que las autoridades estatales encargadas de los procedimientos jurisdiccionales, administrativos o de cualquier acto de autoridad, relacionados con menores de edad, establezcan acciones para que niños y adolescencias accedan a la justicia en un marco de justicia adaptada a sus necesidades.

La reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México propone que las autoridades garanticen su derecho de audiencia en los procedimientos en los que participen, garantizando el pleno acceso a la justicia sin dañar o poner en riesgo su integridad y desarrollo, por lo que citarlos a audiencia se debe evitar su revictimización mediante el testimonio único y la prueba anticipada.

Propone que los menores deben ser acompañados por especialistas en psicología, pedagogía y trabajo social, además de habilitar salas de espera que propicien un ambiente tranquilo, contar con material didáctico para que puedan expresarse o narrar lo ocurrido a través de herramientas diversas al lenguaje verbal, así como establecer mecanismos de videograbación o circuitos cerrados de televisión que permitan mantener sus testimonios u opiniones para evitar repeticiones de pruebas innecesarias.

(Foto: de archivo)