Martha Romero

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social, por unanimidad de votos, aprobaron reformar la Ley de Desarrollo Social del Estado de México al establecer que la denuncia por la mala utilización de programas sociales sea anónima y se pueda presentar a través de medios electrónicos, con lo que se fomenta el uso de las nuevas tecnologías y favorece la comunicación ciudadana con las instituciones de manera precisa, rápida y directa.

Durante los trabajos de la comisión, el diputado Sergio García Sosa, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) y proponente de la iniciativa, resaltó que la figura de la denuncia popular debe ser un mecanismo eficiente para la sociedad, por lo que la Constitución Política establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Por tanto, dijo, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que se lleven a cabo de estos, lo que se complementa gracias al derecho de petición ciudadana establecido en la Carta Magna y su naturaleza colectiva plasmada en el artículo 9.

Resaltó que todo programa social es una herramienta que coadyuva a garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, lo que convierte a la denuncia popular en un poderoso aliado para involucrar a la sociedad en las actividades de control que favorecen la democratización de las instituciones, promueve la transparencia y el apego a la legalidad en superación y ejecución de atribuciones.

García Sosa indicó que lo anterior deja constancia de que los programas en materia de desarrollo social son de suma importancia para el beneficio de la ciudadanía, por lo que se requiere que dichos programas sean implementados bajo criterios de transparencia, honestidad y rendición de cuentas.  

En este sentido, añadió que, con el objetivo de no darle un mal uso a los programas sociales, la Ley de Desarrollo Social del Estado de México contempla la figura de la denuncia popular como un instrumento de participación social través del que la autoridad tiene conocimiento de actos, hechos y omisiones que impliquen irregularidades en la entrega de programas sociales.

Sin embargo, mencionó que para su presentación se solicita al demandante datos personales como su nombre, domicilio y otros datos que permiten la identificación del denunciante, lo que lo deja expuesto a posibles represalias en su contra que pudieran incluso retirarle el beneficio del programa toda vez que la información es de conocimiento del denunciado.

Por último, agradeció el respaldo a la iniciativa que fomenta el buen uso de los programas sociales, con lo que legislan a favor del Estado de México y sus habitantes.

(Foto: cortesía)