Martha Romero

Las propuestas de reforma a la Constitución que fueron presentadas el pasado 5 de febrero al Congreso Federal deben ir acompañadas de una estrategia que plantee con qué recursos o de dónde serán obtenidas las condiciones financieras para solventar el gasto económico que implican, así como el esquema de medición de resultados que cada una de ellas tendrá para garantizar su éxito.

Mauricio Massud Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) refirió que para los empresarios siempre es deseable que la población acceda a mejores condiciones de vida y eleve sus oportunidades de desarrollo, pues esto implica seguridad, formación de ciudadanía y crecimiento, por lo que lograrlo debe ser una tarea en que también la totalidad de la población esté involucrada.

Añadió que las propuestas de Reforma deben estar respaldadas por un esquema de captación de recursos que involucre a toda la población y la formalización de sus fuentes laborales, con una base gravable aumentada, ya que, al momento, el 55 por ciento de la población en el país no aporta fiscalmente, por lo que el presupuesto público que tendría aplicarse en el pago de pensiones crecería tanto como el envejecimiento progresivo de la población.

Refirió que justo es el sector informal el responsable del 24% del Producto Interno Bruto (PIB) en el país, mismo que no aporta en servicios, salud, desarrollo de infraestructura o educación para la generalidad, por lo que hasta el momento 22 de cada 100 pesos de gasto federal es atribuido a pago de pensiones tanto de trabajadores como de adultos mayores.

Massud Martínez refirió que se debe implementar un esquema de formalización del empleo radical, pues el derecho a un retiro digno debe ser para todos porque hasta ahora solo el 15% de la población aspira a una jubilación mientras que el impacto sobre el resto de la población ocupada es indirecto o incluso nulo, es decir, aproximadamente 21.9 millones de personas de entre 44 y 55 años son trabajadores informales, lo que representa el 33.8% de informalidad en este rango de edad, cifra que va creciendo mientras la población envejece.

"Si el sistema de pensiones no está orientado a que todas las personas aporten en él, no hay dinero público que alcance para cubrir tasas de retiro del 100%, pero además solo cubriría a los trabajadores que están registrados ante el IMSS que son 1.5 de cada diez y el resto de la población queda rezagado", añadió.

Además, dijo, un esquema de resultados porque en lo que se refiere al programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ que busca integrar a personas de hasta 29 años en un empleo formal, a partir de un previa capacitación de un año, el punto fundamental es la medición de resultados porque desde el inicio del programa se ha ejercido un total de 131 mil millones de pesos reales y la presión al erario va en aumento, pero no hay información sobre cuántos jóvenes que recibieron la capacitación han logrado incorporarse en efecto al mercado laboral formal.

Por último, indicó que todo programa que utilice recursos públicos debe garantizar resultados medibles en un ejercicio de transparencia e impacto social, por lo que confío en la sensibilidad de los legisladores para analizar y proyectar reformas que beneficien la calidad de vida de la población, pero que además apuesten por la competitividad y desarrollo del país, en un escenario en donde generar empresa y certeza jurídica será siempre sinónimo de bienestar.

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