Martha Romero

Para evitar el proselitismo y delimitar el actuar de autoridades y servidores públicos para no sesgar los objetivos de los programas y acciones de desarrollo social, además de incluir el principio de neutralidad y sancionar su uso, el diputado Martín Zepeda Hernández, coordinador de Movimiento Ciudadano propuso reformar la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

La iniciativa busca que los recursos destinados al desarrollo social y combate a la pobreza no puedan ser utilizados para un fin distintos a lo establecido, además de que el servidor público estatal o municipal que se valga de su función condicione los apoyos, haga proselitismo a favor de partido político, institución, persona servidor público o cualquier persona física, sea sancionado.

La propuesta menciona que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el porcentaje de pobreza en el Estado de México es 0.8% mayor que el porcentaje nacional, que es 41.9%.

Datos del ‘Colectivo Científico México Cómo Vamos’ señalan que 8 de cada 100 personas en la entidad viven en pobreza extrema, es decir, tienen más de tres carencias y obtienen ingresos por menos de 2 mil 174 pesos en zonas urbanas por persona o 1 mil 667 en zonas rurales, considerando los datos estimados por el Coneval para abril de 2023.

Menciona que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado de México, la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios señalan que el Estado tiene la tarea de crear políticas y programas que generen las condiciones que aseguren el desarrollo social y el pleno disfrute de los derechos sociales.

Sin embargo, las actuaciones de los ejecutores de las políticas de desarrollo social se alejan de los objetos de los programas sociales cuando se decide exaltar la personalidad de algún funcionario, de un partido político o de una institución y con ello se confunde o en peores casos se amenaza a los receptores de dichos beneficios.

En suma, la propuesta busca que los funcionarios mexiquenses eviten crear una constante confusión y promoción de una personalidad fuera de los tiempos electorales.

(Foto: Especial Portal)