Raziel Hernández

Desde Sinaloa, el subsecretario de seguridad y protección ciudadana, Luis Rodríguez Bucio presentó durante la conferencia matutina, una serie de casos de jueces que han encubierto a presuntos delincuentes.

Uno de ellos fue el caso de José Ezequiel Santos Álvarez, quien otorgó un amparo el 24 de abril de 2023 a Tito “N”, ex alcalde de Tierra Blanca, Veracruz, para dejar insubsistente la vinculación a proceso en su contra, decretada el 24 de septiembre de 2022 por delitos ambientales. El argumento fue que no se le podía acusar de dichos delitos únicamente porque haya firmado la contratación de una empresa de limpieza, la cual descargó basura a cielo abierto. El caso fue confirmado por los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito.

Otro fue el amparo al exsecretario de gobierno de Veracruz en 2018, acusado de contratar de manera ilegal una empresa extranjera de estudios e imagen pública para posicionar al hijo del exgobernador de cara a las elecciones de 2018. El 12 de junio de 2023, el juez Fermín Santiago Santiago, otorgo el amparo a Rogelio “N” para dejar insubsistente la vinculación a proceso dictado en diciembre de 2022 por los delitos de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público, señalando que no se puede considerar que las solicitudes de pago fueron arbitrarias o sin fundamento legal ya que, de haber sido el caso, se hubiera tenido que informar al gobernador del estado, lo cual no ocurrió porque no se causó detrimento en el patrimonio del estado.

Por otra parte, la jueza Sarai Escobar Acosta otorgó un amparo a Gabriel “N”, el 31 de agosto de 2023, para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio de 2023 en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por enriquecimiento ilícito, ordenando al juez de control que citara a la partes para un nueva audiencia y determinara variar la prisión preventiva, argumentando que el juez de control no tomo en cuenta la presunción de inocencia, así como la idoneidad de la prisión preventiva, a pesar de que ya tenía conocimiento de que el acusado había sido sentenciado a 6 años y 6 meses de prisión por peligro de sustracción.

El 2 de noviembre de 2023, el juez José Rivas González, cambio la sentencia de prisión preventiva a prisión domiciliaria, a Jesus “N”, exprocurador de justicia de México, quien fue acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la administración de justicia. El juez aprovecho el encargo de guardia para cambiar la sentencia en la que argumentó problemas de salud, a pesar de gozar de lo contrario.

También, el juez Juan Fernando Luevano o Valle el 30 de octubre de 2023 concedió una suspensión provisional para que las autoridades responsables se abstengan de aplicar o cancelar las medidas y efectos legales de la reforma en la que adicionan un párrafo al artículo 224 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) por el que se extinguen 13 fideicomisos. El 9 de octubre, se confirma la suspensión definitiva en la que concluye que la reforma puede tener resultados jurídicos de difícil reparación y trascender al interés social.

Por su parte, la jueza Elizabeth Trejo Galán, otorgo una suspensión provisional el 7 de noviembre de 2023 a la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del PJF para que se mantenga el estado actual, se suspendan las consecuencias de la reforma y los órganos del PDJ se abstengan de extinguir los fideicomisos ya que se corre el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores, lo que podría afectar la función jurisdiccional.

Foto: Presidencia