Yameli Pallares

Este viernes se cumplieron 100 días de la resistencia del plantón de ‘Haz Valer mi Libertad’, ubicado frente a Palacio de Gobierno. En consecuencia y ante la indiferencia de las autoridades, el 8 de septiembre a mediodía: Celia Arroyo, María Luisa Montoya, Guadalupe Silvestre y María Félix Peña, madres de injustamente presos, iniciaron una huelga de hambre indefinida que se suspenderá hasta lograr la amnistía de sus familiares. 

Leidy Plácido, vocera del colectivo, pidió apoyo a la comunidad toluqueña para respaldar la huelga de hambre: “a la gente solidaria que pueda traer agua, sueros vida oral, un botiquín, lo que ustedes nos quieran traer para sobrellevar; pero sobre todo, agua”. Las manifestantes se encuentran en la celda de 3x3 que simula las condiciones de una cárcel real en la entidad mexiquense, ubicada junto al plantón. 

También se pronunciaron sobre la represión por parte de la policía estatal y del gobierno del Estado de México en una protesta el día de jueves que buscaba la libertad de una persona. “Hasta el momento no tenemos más información, […] lo que reprobamos es la brutalidad policial; fuerte y claro lo decimos: protestar no es un delito”. Agregó, “con la vida defenderemos el derecho a la protesta […] les expresamos toda nuestra solidaridad”.  

Asimismo, convocaron una manifestación el día 14 de septiembre a las organizaciones civiles y la ciudadanía del Estado de México y de la república. “A todos los que las causas justas no les son indiferentes, les llamamos para que gritemos por la verdadera libertad”, apuntaron. En este sentido, declararon: “al gobierno entrante y al saliente le decimos: nuestro voto de confianza lo han perdido las autoridades porque siempre nos han engañado, pero esta vez no nos quitamos de aquí hasta que haya libertad”.

‘Haz valer mi libertad’ es un colectivo integrado por familiares de más de 70 personas injustamente presas a quienes se les ha torturado y fabricado expedientes de delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y homicidio en el Estado de México. Llevan activos 3 años; sin embargo, la exigencia de justicia para sus seres queridos se remonta hasta 16 años en algunos casos.

(Foto: Yameli Pallares)