Leobardo Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el juez Martín Adolfo Santos Pérez lo obliga a él y a otras instancias, como la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a guardar silencio por la presunta corrupción de Xóchitl Gálvez.

En este sentido, señaló que la empresa de la panista recibió 400 millones de pesos en contratos, de los que el 60% se dieron con la delegación Miguel Hidalgo, donde ella fue alcaldesa. Los documentos que avalan esta información fueron publicados por el presidente; no obstante ante el amparo promovido por los abogados de Claudio X. González, el juez resolvió que no podría López Obrador expresarse sobre Gálvez porque lo hace con “malicia efectiva”.

En este aspecto, mostró una carta dirigida al juez donde señala que “se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés publico y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos”.

En este sentido, el mandatario manifestó que es necesario conocer el historial de los jueces, y exhibió que el aludido también ordenó desbloquear las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez por el caso del cártel inmobiliario. También ordenó modificar el plan nacional de vacunación contra Covid-19 “en la etapa más crítica de la pandemia”, así como permitió que las grandes empresas tabacaleras “que hacen lobby, coyotaje”, pudieran continuar la comercialización de vapeadores, e impidió quitar a personajes infantiles en empaques de comida chatarra.

En este sentido, refirió que los “defensores de la ley” utilizan el estado de derecho como pretexto para violarla y “ni les importa el derecho ni les importa, mucho menos, la justicia”, expresó Andrés Manuel López Obrador. Por esto, lo denunciará ante la Judicatura Federal por su claro comportamiento contra las leyes promovidas por la 4T.

(Foto: CP)