Ivan Joatzay

En representación de las pésimas condiciones dentro de las cárceles del Estado de México, madres y familiares de personas injustamente presas se instalaron frente al Palacio de Gobierno mexiquense para exigir justicia y amnistía a sus seres queridos. Ahora, con el propósito de solventar su estadía, comenzaron la venta de alimentos y “arte penitenciario” para mantener su lucha.

En exigencia al PJEM y Del Mazo

Con 13 días oficiales en plantón, las más de 12 mujeres integrantes del colectivo ‘Haz Valer Mi Libertad’ continúan en demanda de entablar una reunión directa con el actual gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, con esperanza por resolver los casos, sin embargo, no descartan el trabajo ejercido por el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) como, también, origen de su separación familiar:

“La indolencia del Poder Judicial prácticamente ha sido la misma que la del poder ejecutivo, es más, aún peor (…) La gente de Del Mazo viene y nos dice ‘entiendan la división de poderes’. Mira, para fabricar delitos no hubo división de poderes. Para llevarse a nuestros hermanos a otros penales lejos de nosotros [en otras entidades de la república] no hubo división alguna, todo lo contrario, hubo convenios y acuerdos que el propio gobierno del Estado de México firmó” explicó Leydi Plácido, representante del colectivo.

Entre las flaquezas del tercer poder, las madres de los injustamente presos describen la insensibilidad de los jueces y un mal desarrollo del sistema judicial para ejercer las sentencias de los acusados, sin embargo, como un hecho posterior al juicio y tema principal de su lucha, resaltan la incapacidad del PJEM por reconocer la posibilidad de equivocaciones en las sentencias que ejercen:

“El problema es su falta de reconocimiento a que son personas y que se equivocan (…) El PJEM realmente necesita un cambio de perspectiva, de mentalidad, desde sus jueces. Claro está, y esto está dicho en nuestras sentencias, que ellos juzgan conforme a su criterio, entonces dices tú ¿qué criterio tan pobre tienen como para poder dar una sentencia que solo se basa en el dicho de una persona?”, expresó la integrante de ‘Haz Valer Mi Libertad’.

Dentro de la entrevista realizada, el colectivo hizo nuevamente un llamado a la institución judicial para ejercer un acto de reconocimiento y manejo de los casos presentados pues, afirman, las madres cuentan con pronunciamientos realizados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no han sido contemplados.

El impacto de la sentencia

Tal es el caso de Carmela Flores Anastacio, mujer indígena del Estado de México, quien desde hace 10 años fue separada de su esposo, Tomás Gabriel Crisanto.

De acuerdo con la también madre en luto, su esposo fue detenido en 2013 por estar en el lugar y momento incorrectos. El hombre fue sentenciado a 44 años de prisión por un crimen que no cometió.

“Nomás le dijeron que porque él iba en el carro, pero él no hizo nada, se comprobó. Derechos Humanos ya dio un pronunciamiento sobre que se le violaron los derechos, él no hablaba en español. Ahorita estamos en el grupo y ya aprendimos más o menos, pero realmente no sabíamos hablar el idioma.”

Tomás fue detenido bajo el cargo de cómplice en homicidio con la sentencia mínima, sin embargo, “mi esposo no tuvo ningún interprete, fue violentamente golpeado y nos pedían un millón de pesos para dejarlo ir”, explicó Carmela, quien reiteró que las condiciones de pobreza en su familia le impidieron buscar solución al momento de la aprensión.

Ante esto, su hija, al ser separada de su padre a los 13 años, decidió estudiar la licenciatura en derecho en busca de apoyar a su familia, sin embargo, la joven falleció a causa de leucemia, “cáncer en la sangre”, a la edad de 20 años.

“La verdad… ella murió. Murió y no vio a su papá libre, estuvo en el hospital, pero nunca pudo estar con él. Lo que no ven es que nos marcan la vida, porque somos gente pobre que no tenemos para pagar”, expresó Carmela.

Respecto a su trato con el PJEM, la mujer indígena contó que, ante sus condiciones sociales y vestimenta, “no nos tratan bien”:

“Aquí nada más a la gente bien vestida. Por eso a veces uno ya no traemos nuestra ropa de vestimenta, porque lamentablemente nos ven y dicen ‘es gente indígena’ y no nos toman en cuenta porque no sabemos leer, nos discriminan bastante.”

En la resistencia por justicia

Actualmente, Carmen se mantiene activa frente a las instalaciones del Palacio de Gobierno del Estado de México donde, con 13 días de plantón, todas las madres y familiares de las personas privadas de su libertad detallan enfrentarse a fuertes condiciones climáticas, como las olas de calor y lluvias constantes, en el día a día.

El acto las ha condicionado físicamente en el racionar diario de alimento, la hinchazón en sus pies ante la lluvia y su estadía, además de afrontar un mal condicionamiento para atender las enfermedades crónicas que algunas integrantes en el movimiento padecen, sin embargo:

“[Las condiciones] son tolerables ante la injusticia. Sí, es feo, pero es más feo estar viviendo la indolencia por parte de las autoridades”, afirman las integrantes de ‘Haz Valer Mi Libertad’.

(Foto: Ivan Joatzay)