Dafney Vergara

Este miércoles 31 de mayo, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso donde denunció a la ex alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral Vela, por incumplimiento de la Controversia Constitucional 66/2005.

El activista José Humbertus Pérez, dirigente del Frente Mexiquense señaló que en la Controversia Constitucional 66/2005, el 14 de octubre de 2008, se resolvió que los conjuntos urbanos expedidos después de 2005 para la construcción de los conjuntos habitacionales Urbi quinta Montecarlo y Urbi hacienda Balboa, ubicados en el municipio de Cuautitlán Izcalli son inconstitucionales porque las licencias no son del suelo. 

Así mismo José Humbertus mencionó que el acuerdo sexto, donde se otorga el dinero o las fianzas para la autorización de su construcción a favor del gobierno del Estado por 100% del valor de las obras de urbanización, también se resolvió como inconstitucional. Mencionó que el entonces ministro Sergio Salvador Aguirre sugirió ordenar a las autoridades que hayan recibido el dinero con motivo de la autorización de los conjuntos urbanos, lo restituyeran a los municipios e incluso con las consecuencias legales de su retención.

Por lo que el activista pidió a la Presidenta de la SPCJN, Norma Piña, iniciar los recursos penales, tanto para la ex alcaldesa Del Moral por el desacato de lo que 11 ministros de la SPCJN ordenaron, al no exigir la devolución del dinero, como a los exgobernadores Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila, a quienes señaló de estar involucrados.

Alejandra del Moral acusada de simulación de acta de entrega recepción de conjuntos urbanos.

“Como presidenta de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral Vela simuló el acta de entrega-recepción de las obras de urbanización del conjunto urbano Urbi Hacienda Balboa, el acta señala que se entregó de manera parcial 26 mil 120 metros cuadrados de las obras de urbanización cuando en realidad lo que se entregó fueron las obras de infraestructura primaria consistentes en vialidades”, expresó Humbertus Pérez.

El activista denunció que las obras de urbanización que “se simularon” fueron entregadas el 3 de dic 2009 a Paulina Alejandra del Moral Vela. Éstas son  la red de distribución de agua potable, red separadora de drenaje pluvial y sanitario, sistemas para el manejo y tratamiento, red de distribución eléctrica y red de alumbrado público.

“Las obras de urbanización hasta el día de hoy no han sido entregadas y municipalizadas, pero Paulina del Moral Vela es la responsable de haber legitimado y devuelto a la empresa constructora las fianzas para garantizar las obras de urbanización por la cantidad de 115 millones de pesos, sin las obras de urbanización y la falta de municipalización no se tenía por qué haber vendido una sola casa de las 149 viviendas y mucho menos haber protocolizado ante el notario público los contratos de compraventa y los contratos de interés con garantía hipotecaria”

De igual manera, el activista denunció que, en el caso de Quinta Montecarlo, se constituyó sin licencia de uso del suelo, al igual que Urbi Hacienda en donde, nunca se cubrieron los problemas limítrofes de la propiedad ejidal entre Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Así pues, José Humbertus explicó que, si el conjunto urbano se encontraba en Tultitlán, no se pudo haber acreditado como inmueble en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y señaló que la entonces presidenta municipal, Alejandra del Moral, antes de recibir el acta de entrega del 3 de dic 2009, tuvo el conocimiento de que recibía un inmueble que no pertenecía al municipio de Cuautitlán Izcalli.

El activista José Humbertus Pérez expresó que la controversia constitucional trató de suprimir a lo que él llamó “Cartel inmobiliario”, para que los municipios recuperaran sus fianzas y las constructoras no cometieran irregularidades.

(Foto: Ivan Joatzay)