Ivan Joatzay

El presidente del tribunal superior de justicia, Ricardo Sodi Cuellar, declaró que la entidad mexiquense será “sino la primera, de las primeras entidades” en solicitar la implementación del nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares. Entre esto, se esperan complicaciones y retrasos al proceso judicial de asuntos en materia familiar.

Durante la presentación de la ponencia ‘Desafíos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares’ como parte del 3er congreso de Justicia Familiar en el Estado de México, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar expuso que, si bien se espera trabajar a la marcha para refinar la eficiencia y adoptar el sistema judicial mexiquense al nuevo código nacional, la entidad será “un laboratorio de aplicación de las normas” donde jueces y juezas locales sumaránesfuerzos para generar una evaluación y retroalimentación al nuevo marco jurídico que está por implementarse.

Entre las razones, el presidente del tribunal superior de justicia destacó que, con la tecnología y eficiencia actual dentro del Poder Judicial del Edomex, la entidadpuede ser de los juzgados con mayor vanguardia hacia la materia de resolución en sentencia familiar:

“[Seremos] de los primeros estados que se incorpore y solicite la declaratoria de inicio de vigencia del código nacional, porque lo tenemos todo; el poder judicial tiene la mejor tecnología de punta a nivel de república mexicana, tenemos capacitación al día, tenemos procedimientos orales, tenemos procedimientos cero papel, ya los tenemos, tenemos modelos de gestión implementados.”

Ante esto, Cuellar también intervino la conferencia realizada por Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Senadora de la República, para declarar que, si bien existe un firme avance dentro de la justicia familiar a nivel nacional, el nuevo código carece de versatilidad sociocultural que se adapte a las necesidades y contextos de cada estado de la nación. 

Dentro del Edoméx, como una de las afectaciones indirectas del nuevo marco judicial, se prevé unaposible recesión a los casos en materia de adopción, donde la entidad lleva el récord nacional de adopciones [con 597 casos aprobados desde el inicio del juzgado de adopciones] y se cuenta con un procedimiento ágil con duración menor a 6 meses:

“Nosotros consideramos que puede haber algunos aspectos regresivos como el que no existe el procedimiento sumario de extinción de patria potestad y eso retrasaría las adopciones (…) abonaremos a que ese periodo de ajustes reconozca este procedimiento y, sino, nosotros al interior del consejo de la judicatura haremos los ajustes necesarios a través de acuerdos generales para que esa situación no cambie” explicó el magistrado.

Por el momento, Cuellar adelantó que el Poder Judicial del Estado de México se encuentra a la espera del análisis de implementación del marco jurídico dentro del sistema mexiquense durante la próxima semana.

¿En qué consiste el ‘Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares’?

Durante su presentación, Sánchez Cordero explicó que, como un nuevo marco jurídico a nivel nacional que espera regular las causales de vulnerabilidad y desatención familiar entre los distintos tipos de familia, el ‘Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares’ se ha ido “adecuando en materia familiar a muchas cuestiones novedosas” en busca de erradicar la violencia familiar y sensibilizar hacia las características particulares que componen a las familias diversas y sectores vulnerables, tales como integrantes con discapacidades o mujeres que sufren violencia de género.

“Ustedes también son los responsables de las medidas de protección para las mujeres violentadas, también, resolver que sea el agresor el quien salga del domicilio y no la mujer con sus hijos”, expresó Sánchez Cordero hacia los jueces mexiquenses.

Dentro de su reforma, la senadora de la republica explicó que, dentro de los 1,191 artículos que lo componen, el código nacional se estructuró con una firme perspectiva de genero que, en atención a la petición de colectivos feministas, se priorizó la voluntad de madres solteras que buscan el pago de deudas alimenticias.

“No van a tener oportunidad de sacar su pasaporte, su licencia de conducir, incluso el registro establece la alerta migratoria para que no salgan del país cuando son deudores alimentarios. Estoy segura que van a llover los juicios de amparo sobre este registro nacional porque estamos vulnerando (…) pero yo quiero que los jueces de amparo ponderen el valor más importante, que es el interés superior de la niñez o infancia a una simple licencia de conducir. A ver qué tiene más peso específico” expuso la ponente.

(Foto: Ivan Joatzay)