El 4 de junio de 2022, Leticia salió de su domicilio ubicado en Llano Grande para buscar a un vecino desaparecido y, junto con uno de sus compañeros, recorrieron Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla para dar con su paradero; sin embargo, al llegar a este último, fueron detenidos sin razón aparente y ninguno de los dos volvió a casa. 

La joven, líder de un colectivo de luchadoras sociales, fue detenida por policías municipales quienes la amenazaron, torturaron y mantuvieron incomunicada durante dos días imputándole a ella y a su compañero el delito de robo con violencia. 

El mismo día, ambos fueron ingresados a una patrulla negra color mate y desde el 4 de junio, hasta el 6 del mismo, Leticia pasó 48 horas siendo golpeada sin que su familia ni amigos supieran nada de ella. 

El señalamiento del delito al que presuntamente se le adjudica refiere al robo de dinero, una cartera y una credencial de elector que supuestamente fue hallada entre la vestimenta de su compañero. 

De resultar culpable, Leticia podría pasar hasta 10 años privada de su libertad en algún penal del Estado de México. 

El caso de Leticia es uno de los 16 mil 500 que, de acuerdo con cifras del colectivo Haz Valer mi Libertad, se viven en la entidad mexiquense donde existe el abuso de poder y violaciones a los derechos humanos en situaciones como la tortura y el uso de violencia dentro de los procesos penales. 

Joseline, defensora legal de Leticia, señaló en entrevista con Portal que derivado del abuso policial, la joven ha presentado daños físicos y psicológicos que gradualmente le están produciendo la pérdida de memoria. 

“Ahorita está perdiendo la memoria, sufrió golpes en la cabeza y la espalda, la mantuvieron cabeza abajo. Progresivamente está perdiéndola”, señaló. 

A causa de las violaciones a los derechos que Leticia sufrió durante su detención, sus defensores legales introdujeron un amparo por desaparición forzada y tortura con el objetivo de que el juez de control abra una carpeta de investigación por los hechos, sin embargo, no ha sido iniciada. 

“El mismo Ministerio Público, que es la parte acusadora, le dijo directamente al juez que se hiciera una investigación más amplia para evitar una injusticia”, mencionó Héctor, otro de sus defensores legales.

De acuerdo con los testimonios otorgados por parte de los abogados y la madre de la víctima para esta investigación, el caso de Leticia no sólo ha sido omitido por las autoridades del Gobierno del Estado de México, sino por la misma Comisión de Derechos Humanos. 

(Foto: Vanessa Baez)