Lucio Ramírez Medina

¿Cómo Andamos en Estrategia de Seguridad para Nuestra Niñez?

¿Por qué si la tasa de homicidios que se comenten en contra de niñas, niños y adolescentes es superior a la de feminicidios, la sociedad no se ha movilizado para exigir, con la misma fuerza e intensidad, la generación de políticas públicas y de mecanismos como la alerta de género, a fin de exigir que se detenga esta situación siniestra e insoportable?, se cuestiona el sociólogo Saúl Arellano.

Las estadísticas oficiales dan pleno sustento a la demanda del investigador académico, pues de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tasa promedio de feminicidios al año es de alrededor de 1.4 mujeres víctimas por cada 100 mil habitantes; en tanto que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reflejan que la tasa promedio de homicidio intencional de niñas, niños y adolescentes, es de aproximadamente 3.5 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Esta cruel realidad resulta más evidente, considerando que son más de 12 mil 500 asesinatos de menores de 18 años de edad en los últimos 10 años, pero aclarando que respecto a 2021 la información disponible comprende únicamente hasta el mes de junio, por lo que la cifra oficial seguramente se incrementará.

Resulta igualmente muy válida y oportuna la aclaración del sociólogo Saúl Arellano, para  que no se malinterprete su exigencia de cuidado a los menores al emplear el comparativo con la violencia a las mujeres, por lo que explica:

La gravedad de la violencia contra las mujeres constituye una de las crisis estructurales permanentes de la desigualdad, provocadas por la misoginia y el machismo, no resuelta hasta ahora. Y a la par, se mantiene una cultura adulto-céntrica en la que las niñas y los niños no son reconocidos como sujetos plenos de derechos por toda la sociedad, y que su protección es vital para construir una nueva sociedad de paz y prosperidad.

Así como es urgente que la perspectiva de género se instituya como uno de los ejes transversales en todo el orden jurídico y en todo el sistema de políticas públicas, con la misma fuerza e intensidad debe exigirse que la perspectiva de los derechos de la niñez sea rectora del funcionamiento y estructura de las principales decisiones públicas, sobre todo considerando el derecho de prioridad que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce para este sector, y por lo tanto, insiste en su cuestionamiento, ¿quién protege a la niñez?.

*Licenciado y Maestro en Periodismo    

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