Leobardo Hernández

Uno de los objetivos consolidar el sistema de salud universal y gratuito es reducir las prácticas clínicas con fines de lucro en consultorios adyacentes a farmacias, donde se busca la sobre medicación para el consumo en dichos establecimientos, que proliferaron debido al desmantelamiento paulatino del sistema público hospitalario.

Así lo expuso el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien precisó: “los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia, […] alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardiaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida”.

En este sentido, Gatell planteó que el riesgo consiste en la sobre medicación asignada a pacientes que no la requieren pues “para estas cadenas de farmacias lo importante es que salgan con una receta de 6, 8, 10, 15 medicamentos, la gran mayoría no correctamente indicados […] En COVID vimos muy problemático el abuso de antibióticos, de esteroides, que causaron muchas complicaciones o incluso la muerte de personas que fueron atendidas en estos consultorios”.

A su vez, el epidemiólogo evidenció que en dichas empresas las condiciones laborales de los médicos, sobre todo jóvenes, son “muy precarias, hay todo un tema, incluso de justicia laboral o incluso de cumplimiento de las leyes relativas a las condiciones laborales que podrían estar siendo violadas sistemáticamente en estos consultorios adyacentes a farmacias por estas corporaciones, son contrataciones eventuales”.

Estas consecuencias se estructuraron con el paulatino desmantelamiento del sistema de salud, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), con la meta de la privatización del sector en beneficio de los empresarios.“En el caso mexicano también un signo característico es la gran corrupción, empresas surgidas de la nada entre amigos de funcionarios, de políticos de alto nivel de influencia que fueron creando corporaciones de laboratorios”.

El subsecretario agregó que sólo durante la década de 1990 el presupuesto asignado al ISSTE se redjo en 60% y el asignado al IMSS en 40% […] Y después en las décadas siguientes lo que se empezó es a desmantelar”.

El funcionario reconoció que estos consultorios hoy cubren una necesidad por las precarias condiciones del sistema público de salud, producto de las decisiones de los gobiernos priistas y panistas expuestas; no obstante, postuló una regulación más estricta a estos espacios mientras se logra consolidar el sistema universal de salud.

"No podemos cancelarlos de tajo. Lo deseable es que no existan. En la medida en que el sistema público garantice la gratuidad, la universalidad, todo mundo tenga acceso y desde luego que la calidad sea atractiva para el pueblo, ese es el planteamiento, pero es muy probable que esa fase de transición implique regular de manera más estricta”.

(Foto: Especial Portal)