Leobardo Hernández

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que dicha dependencia denunció a Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero, tras registrar movimientos millonarios desde México a España hechos por una familiar del ex presidente.

El ex activista durante el movimiento estudiantil de 1968 precisó que “se observó que el ex mandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones un mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional […] Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.

En este sentido, el titular de la UIF informó que el priista también es accionista de una empresa familiar, del propio Peña, constituida antes de su llegada a la presidencia de la república, misma que obtuvo contratos con el gobierno de México cuando el mexiquense ocupaba Los Pinos.

“Esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013 por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de dos mil 126 millones y pico, en el 2015 por cinco mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por mil 246, para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos”.

De iguala forma, el sobrino de Arturo Montiel Rojas trianguló recursos con otra empresa constituida igualmente por familiares de la que también es beneficiario. Dichos movimientos se registran entre Estados unidos, Irlanda y España por montos multimillonarios, por lo que también se entregará dicha información completa a la FGR, pues muchos de ellos se hicieron con depósitos en efectivo.

“La información completa con todos sus detalles y por menores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”.

Al respecto, precisó: “La denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso dice el Código Penal, ya no es cuestión optar por una cosa o por otra”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no pretende una “cacería de brujas”; no obstante, enfatizó que si hay más investigaciones sobre posibles ilegalidades realizadas de políticos adversarios o afines a su gestión, no habrá impunidad.

“La instrucción que tiene como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas, deben de ser, esas informaciones, analizadas y de inmediato entregadas a la fiscalía, la instrucción es no quedarnos con nada”.

(Foto: presidencia)