Eric Rosas

Represión latente

Ha transcurrido una semana más en el conflicto que María Elena Álvarez-Buylla Roces comenzó a crear desde hace tres años al ir imponiendo autoritariamente a sus incondicionales en todas las direcciones generales de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) coordinados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en los que ha podido hasta la fecha, pero que, a diferencia de lo sucedido en las instituciones previamente afectadas, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) detonó una resistencia digna de atención y respeto.

Como lo advertimos aquí en La Onda Plana la semana pasada (leer “Un interlocutor en el Senado”), el martes 14 una comitiva de estudiantes y profesores del CIDE fueron recibidos por una comisión de senadores en cabezada por Ricardo Monreal Ávila. En ella el legislador y aspirante a la presidencia de la República para el 2024 prometió a los demandantes fungir como interlocutor entre ambas partes. También ese día la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la cámara alta propuso un punto de acuerdo para citar a comparecer a Álvarez-Buylla y José Antonio Romero Tellaeche, lo que ya no sucedería este año, sino hasta el próximo.

Lo que también ocurrirá en enero, según ha sido anunciado por el propio el titular impuesto en el CIDE, es que la seguridad de las instalaciones ubicadas en Santa Fe dejará de estar a cargo de algún proveedor privado y pasará a manos del Servicio de Protección Federal, un cuerpo integrado por policías federales. Noticia que, por supuesto, ha sido leída en la comunidad académica como una acción intimidatoria más de parte de la directora del CONACyT que, además porta un mensaje nítido: el gobierno federal actual está dispuesto a cualquier cosa, incluso a la represión, antes de aceptar el diálogo horizontal, respetuoso y constructivo que han pedido los demandantes a distintas instancias; la Secretaría de Gobernación incluida.

En estas semanas que le quedan al año los estudiantes apostados en las afueras del CIDE en la Ciudad de México —pues el campus de occidente ya no se encuentra tomado, al menos temporalmente— deberán soportar el olvido de su causa por parte de los medios de comunicación, los profesores y estudiantes de otras instituciones, y la sociedad mexicana. Las semanas de descanso del fin de año serán un reto complicado de superar para el movimiento, pero si se logra, es probable que entonces pueda aglutinar a colectivos estudiantiles de muchas otras universidades del país que también sienten amenazada su autonomía, como ha pasado ya con la adición de la Universidad de las Américas en Puebla.

En su última sesión del año, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México expresó su seria preocupación ante el conflicto, quizá porque ellos en la máxima casa de estudios del país conocen muy bien lo que puede llegar a suceder en caso de que el fuego de Cuajimalpa llegase a alcanzar las praderas de Ciudad Universitaria, y no perciben la más mínima señal de apertura de parte de las autoridades. La bióloga, por ejemplo, sigue recibiendo cómplices palmaditas en la espalda de parte del primer mandatario y él también continúa injuriando y denostando a los científicos y descalificando sus argumentos y demandas. Por lo pronto el mundo académico internacional tiene sus ojos puestos en el CIDE, decenas de universidades de todo el mundo han emitido pronunciamientos respaldando a los estudiantes y su represión tendría un enorme costo para López.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.

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