Eric Rosas

A la Robespierre

La semana pasada la comunidad académica de México vivió nuevamente un momento álgido en su relación con la administración encabezada por el presidente López, cuyos constantes ataques hacia el Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE), uno de los 26 centros públicos de investigación (CPIs) coordinados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), han sido considerados como órdenes expresas para intervenir en este prestigioso centro, por parte de la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, titular de la dependencia federal que debería encargarse de la promoción de la investigación científica y del desarrollo tecnológico en México.

El claustro del CIDE se encuentra entre los más plurales y competentes del país en las disciplinas que estudia. Sus investigadores y estudiantes generalmente realizan aportaciones de enorme trascendencia para las políticas públicas de nuestra nación y, sobre todo, para la consolidación de nuestra democracia. Es una institución que aporta siempre a las diversas corrientes del pensamiento y a los distintos modelos económicos, lo que le ha valido el reconocimiento internacional.

Quizá es precisamente por estos motivos: las informadas opiniones de los miembros del CIDE en contra de la militarización de México, la pérdida de libertades y la inoperante política de seguridad; así como las preocupaciones expresadas ante el creciente asecho a nuestra democracia —a las instituciones autónomas, como el Instituto Nacional Electoral— y el cada vez más notorio talante autoritario del actual Gobierno Federal, han resultado tan incómodos para el presidente de la República.

Pero, aunque el acoso contra el CIDE ha alcanzado mayor visibilidad en el ámbito nacional, la realidad es que desde la llegada de la Dra. Álvarez-Buylla a la dirección general del CONACYT, la funcionaria ha lanzado una ofensiva con la que pretende lograr el control absoluto de los 26 CPIs. Entre sus primeras intervenciones estuvieron la imposición de incondicionales en las titularidades del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, y del Centro de Investigaciones en Óptica, incluso a pesar de que los designados no contaran con las cualificaciones ni experiencia necesarias, o carecieran de aceptación por sus propias comunidades.

Luego vino la destitución de otros dos directores: la doctora Beatriz Xoconostle Cázares, quien se había convertido en la primera mujer en estar al frente del Centro de Investigación Científica de Yucatán, y el doctor Leopoldo Altamirano Robles, titular del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica desde el 2016. Y más recientemente se ha suscitado la acometida en contra del CIDE, que inició con la renuncia del doctor Sergio López Ayllón, presentada de manera inusual a dos años de concluir su gestión, y continuó con la destitución “por pérdida de confianza” del director de su Unidad Región Centro con sede en Aguascalientes.

Los pretextos esgrimidos para forzar las renuncias o justificar las destituciones nunca han podido sostenerse, pues la realidad es que los titulares removidos sólo le resultaban incómodos a la Dra. Álvarez-Buylla por ser críticos y no doblegarse a los intereses del actual Gobierno. Esta decapitación continuará en los tres años que restan del sexenio, pues, dada su falta de capacidad y argumentos, la directora del CONACyT sólo podrá imponerse a la inteligencia de México mediante la guillotina.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.

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