Elena Aguilar 

El diputado Martín Zepeda planteó, a nombre de su bancada (MC) reformas al Código Penal del Estado de México para tipificar las figuras de aborto voluntario y aborto forzado. 

A decir del documento, la finalidad es que la redacción existente permita a las mujeres terminar su embarazo sin que sean perseguidas y en el mismo sentido se creen modelos en los que el personal de salud las pueda atender. 

“La finalidad es generar un marco jurídico mexiquense robusto y aplicable para la actualidad, a través de las reformas a distintos artículos de la materia penal que actualmente tienen como fin criminalizar a las mujeres que deciden o son obligadas a abortar, así como al personal médico que las asiste”. 

El documento refirió que la norma mexiquense en muchas ocasiones se ha considerado a la vanguardia, pero en otros casos como es el tema del aborto demuestra no estar a la altura de las necesidades de sus gobernados. 

Refiere que en la entidad se cuenta con un Código Penal que fue expedido en año 2000, mismo que a la fecha ha sido reformado en más de 100 ocasiones, lo cual indicaría que el estado busca mantenerse actualizado en favor de la impartición de justicia y persecución de los delitos que vulneran a las y los mexiquenses.  

“Nuestro grupo parlamentario es consciente que está iniciativa; no es la primera ni será la última, siempre que el tema de la interrupción legal del embarazo no se atienda y se siga criminalizado a las mujeres como al personal médico que les auxilia de buena fe”. 

Conforme a la Secretaría de la Salud del Gobierno de la Ciudad de México sobre la interrupción legal de embarazo, han contabilizado un total de 240 mil 916 intervenciones entre la entrada en vigor de la norma al presente año.  

El documento aclara que la iniciativa no va a despenalizar el aborto por completo, pero sí reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que no se les discrimine con una persecución mal planteada basada en practicas patriarcales arcaicas.  

También se busca sancionar aquellas personas que actúen en contra de la voluntad de una mujer y permite a los profesionales y asistentes de la salud intervenir con el consentimiento de las personas embarazadas para interrumpir dicho proceso. 

(Foto: Especial Portal)