Ramón Cuevas Martínez 

La transparencia que importa: en qué se gasta el dinero público 

La transparencia es la nueva objetividad. David Weinberger 

El marco normativo de las finanzas públicas nacionales obliga a transparentar a los gobiernos (federal, estatales y municipales) los resultados de los programas que ejecutan, sin embargo, no se han encontrado aún mecanismos institucionales sólidos que permitan monitorear su cumplimiento, quedando en la buena intención del funcionario en turno el acatamiento de la ley.   

Corresponderá a los congresos locales en los próximos años establecer mecanismos de monitoreo permanente a través de oficiales de cumplimiento normativo, como ya sucede en muchas partes del mundo, para avanzar en la evaluación del desempeño de todos los entes gubernamentales, y de paso, mejorar sustancialmente la calidad del gasto público. 

Ante este vacío de cumplimiento del marco normativo, han surgido diferentes iniciativas en la sociedad civil organizada que son un efectivo mecanismo para transparentar aspectos que son de interés de la sociedad, entre ellas, la transparencia presupuestal a cargo del IMCO. 

Un claro ejemplo de la fortaleza de la sociedad civil quedó de manifiesto en el año 2016 cuando se aprobó la Ley 3 de 3, que establece un marco jurídico de responsabilidades para los servidores públicos, quienes se vieron obligados a hacer públicas las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial. La emisión de esta normativa marcó un hito en la transparencia pública; pero su relevancia no estuvo tanto en la calidad de información que exigía, su éxito se debió en gran parte que fue una iniciativa de la ciudadanía. 

A poco más de 5 años de su entrada en vigor, nos queda un largo camino para consolidar información útil para el juicio ciudadano, que permita hacer valoraciones claras del trabajo de cada gobernante. Sabemos que existe todo un marco normativo que obliga a servidoras y servidores públicos a publicar, a través de plataformas digitales (como páginas web institucionales), información que va desde acciones gubernamentales, hasta plazas y sueldos -información que no siempre es pública o de fácil acceso-. 

Bajo esta lógica, la información que publican las administraciones sobre el avance de su gestión, se vuelve relevante para para decidir en las urnas.  La limitante es que la mayoría se encuentra en lenguaje técnico, volviendo difícil su interpretación.  El siguiente reto está en diseñar herramientas que midan el impacto de las acciones gubernamentales en la calidad del gasto, pero sin olvidar hacerlo en lenguaje ciudadano, es decir, que sea entendible para el grueso de la población.  

El pasado viernes 22 de octubre, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reconoció el índice de Información para la Evaluación Presupuestaria Municipal (IIEPM) desarrollado por Gobernova, como la mejor práctica de monitoreo y evaluación diseñada por una organización civil.  

Precisamente, el valor de esta práctica está en que mide la calidad del gasto público municipal en los 125 ayuntamientos del Estado de México, a través de validar el grado de cumplimiento en sus evaluaciones programáticas, pero sin perder de vista la contribución de datos abiertos en una plataforma digital amigable y entendible. Los invito a conocerla en www.gobernova.com.mx 

*Consultor en Gobernova  

@CuevasRamon contacto@gobernova.com.mx   @gobernova     www.gobernova.com.mx