Leobardo Hernández

“No pueden ir a la cárcel los fifís”, ironizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó inconstitucional la prisión preventiva para quienes cometan delitos fiscales como elaboración de facturas falsas, defraudación y contrabando.

“Hace falta lograr en otros poderes como en este caso, el Poder Judicial, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos. [Esta sentencia] va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías”, declaró.

El mandatario aseguró que la decisión obedece a la inercia de las políticas del pasado que solaparon la corrupción, sobre todo en la época neoliberal pues “tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de salinas de Gortari se modificó el código penal para que la corrupción no se considerara delito grave con lo cual el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza”.  

Criticó la desigualdad que propicia el juicio de la SCJN respecto al tema y sostuvo: “es seguir protegiendo a las minorías y castigando a los que no tienen agarraderas, o influencias o no tienen con qué comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien”.

Hizo la observación de que un motivo para declarar inconstitucional la prisión preventiva a quienes “se hacen inmensamente ricos con la defraudación fiscal” fue la presunta violación a sus derechos humanos.

Sobre esto, cuestionó: “¿Qué pasa cuando banqueros, grandes empresarios, dueños de despachos fiscales cometen grandes fraudes de miles de millones de pesos? La hacienda pública deja de recibir ingresos que podrían se utilizados para garantizarle al pueblo el bienestar, el derecho a la educación, el derecho a la salud, para dar empleo a los jóvenes y para que no se violen los derechos humanos”.

No obstante, manifestó que respetará la determinación de la corte, pues el ejecutivo “ya no es el poder de los poderes”, sostuvo que los jueces actuaron en pleno ejercicio de su libertad pues dicha medida es adversa al planteamiento de la 4T respecto al combate a la corrupción, esto en atención a la autonomía entre poderes que debe prevalecer en el estado de derecho. (Foto: presidencia)

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