Luis Sánchez

“Lo que se ve, no se juzga”: Juan Gabriel Suprema Corte

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coloca la lucha anticorrupción en una posición vulnerable, la decisión que revoca la cárcel preventiva para delincuentes fiscales supuestamente atiende los derechos humanos y la presunción de inocencia. Esta paradoja hace notar que los jueces tienen cierto interés en que los multimillonarios tengan manga ancha en el hurto.

Sin duda, un problema profundo, casi endémico en México, es la impunidad. No sólo cuesta mucho esfuerzo, si es que se hace, atrapar delincuentes, el verdadero conflicto es condenarlos; y si el trabajo de investigación es contundente, la última palabra la tienen los jueces, que pueden ser tan eficaces en conceder amparos a empresas como omisos en condenar criminales casi confesos, caso Kamel Nacif, por ejemplo.

Uno cuestiona, a raíz de estas situaciones, ¿cuál es la función de los jueces y de parte de quien están? Aunque no deberían precisamente colocarse en algún extremo que no sea la justicia, han optado por la defensa de los derechos de algunas personas, no de todas, que puedan pagar por ellos.

La Ley de Amnistía y su aplicación ha desnudado, por ejemplo, casos lamentables de personas encarceladas durante años por el robo de 350.00 (pesos) en condiciones de extrema necesidad, o mujeres que en un acto azaroso mataron a sus atacantes en defensa propia. Años perdidos en una celda bajo la violencia propia de un sistema penitenciario acaso menos funcional que el judicial.

Es cierto que no hay delito grande ni pequeño; no obstante, parece que los grandes ladrones están impunes porque han hecho de la estafa un acto de emprendimiento, aunque lo único que los distinga de extorsionadores comunes sea un traje de 30 mil pesos (y tal vez me fui muy abajo), diferencia razonable para que estas finas personas no pisen una celda, supongo.

La resolución de la corte se basa, además de lo expresado al principio de este escrito, en que estos delitos, cuantiosos delitos de dinero cuantioso, no ponen en riesgo la estabilidad nacional porque no se ve afectada la Hacienda Pública. Es decir, la Estafa Maestra, que tiene de rodillas al sistema de universidades públicas no afecta en nada a nadie… “¿quién necesita universidades públicas cuando una privada nace cada segundo?”, dirán…

Durante los sexenios de Fox y Calderón hubo abundancia petrolera, cada barril osciló entre los 90 y 120 dólares. De acuerdo con El Financiero, la entrada durante esos sexenios por su venta fue, de 2000 a 2006 (Fox): 347,795 millones de dólares, y de 2006 a 2012 (Calderón): 545,496 millones de dólares. A esto agregamos que, por lo menos durante el calderonismo, la moneda estaba devaluada un 50% menos. Ambos son los registros más altos de ingreso y los menos notables en cuanto al beneficio social.

¿Dónde quedó esa riqueza? Por poner un caso, nada más uno, Vicente Fox perdonó impuestos por la venta de Banamex a City Group equivalentes a 12 mil millones de pesos. Evidentemente, la Hacienda Pública se vio manoseada y tuvo que entrar Pemex a “hacer el paro”.

Estos parchesitos, parchezotes más bien, han minado la economía mexicana, que no sería la misma si la ley se aplicara a estos delincuentazos también, pues el caso citado es “legal”, ahora imaginemos cuántos más existen al amparo de la ley en corruptela tras corruptela, sumados a los abiertamente ilícitos… ¿y los evasores fiscales no afectan la estabilidad nacional?

-No -dice el árbitro-, levántese y siga jugando, la patada fue legítima…