Eric Rosas

Atisbo de conciliación 

El pasado miércoles 20 de octubre se llevó a cabo la reunión de instalación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la Cámara de Diputados en esta LXV Legislatura que, en esta ocasión, será presidida por el diputado Javier Joaquín López Casarín. Al igual que su antecesora, la diputada hidalguense Marivel Solís, del partido en el poder, el legislador López Casarín llega a esta Comisión con el encargo de respaldar la visión estatizada de la administración federal actual para la CTI, pues, aunque el diputado presidente de la Comisión de CTI llega camuflado con el color de la fracción parlamentaria ambientalista, no se debe pasar por alto que él es en realidad un alfil del canciller Marcelo Ebrard, para quien ha trabajado en incontables oportunidades con encomiendas muy importantes. De hecho, durante su discurso de apertura no escatimó en dejar claros sus vínculos, ya sea al recordar las presuntas hazañas alcanzadas por el titular de Relaciones Exteriores —sin mencionarlo explícitamente— en materia de
CTI, como la firma del acuerdo para crear una supuesta Agencia Espacial.

Latinoamericana y del Caribe, o con la transparente selección de sus invitados especiales.
Es posible que durante este nuevo periodo legislativo la intervención de Ebrard flexibilice la postura oficial en el ámbito de la CTI; sin embargo, por ahora, tanto el bloque oficial como el opositor mantuvieron su discurso antagónico. Los miembros de las fracciones que integran la alianza en el gobierno volvieron a acusar a la comunidad científica de corrupción y de muchas otras prácticas que nada tienen que ver con la investigación científica ni el desarrollo tecnológico. Repitieron el discurso del titular del Poder Ejecutivo Federal y se ufanaron de estar liberando a los científicos mexicanos —según ellos— de la opresión que vivieron por décadas.
Por otra parte, los representantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, reclamaron la extinción de los fideicomisos para ciencia y tecnología; los repetidos recortes al ramo 38, el de CTI; la estigmatización que el primer mandatario ha causado a la ciencia; la persecución política de científicos; su intento por centralizar al sector y someterlo a la voluntad del presidente de la República mediante la tan anunciada iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; entre otros agravios que —según ellos— extinguirán a la inteligencia de México.
Al igual que durante la pasada legislatura, los números están a favor de la fracción oficial, 18 a 13 en esta ocasión; por lo que la falta de diálogo entre ambas partes sólo conducirá a la repetición de las exhibiciones de fuerza que vivimos en los tres años previos, por ejemplo con el mayoriteo que aprobó la extinción de los 109 fideicomisos, o la indiferencia mostrada durante los montajes de paramento abierto en los que la comunidad científica presentó las múltiples razones por las que estos instrumentos financieros eran necesarios para la realización de sus actividades. Pero si la oposición logra construir un discurso conciliador que pueda
ayudarle al canciller —o a algún otro presidenciable— a recuperar la confianza de la comunidad científica y al mismo tiempo atienda las necesidades legítimas de este gremio, entonces se habrá encontrado el camino que permita la construcción de un nuevo ecosistema para CTI, que sea capaz de insertar a México en la economía del conocimiento y lleve sus beneficios por igual a todos los mexicanos.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.

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