• El PRI reconoció la disminución en delitos de alto impacto y llamó a integrar un frente histórico en favor de las víctimas del delito.
• Morena, PAN, PRD, PT, PVEM, MC y NA cuestionaron las acciones para combatir los feminicidios y lamentaron los señalamientos de Amnistía Internacional.

La corrupción en los ministerios públicos, la impunidad en la investigación de los delitos y la inseguridad, pues feminicidios, secuestros, extorsión, trata de personas, violación y violencia de género son algunos de los principales puntos en los que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha quedado a deber a la ciudadanía, coincidieron las bancadas de Morena, PAN, PRD, PT, PVEM, MC y NA; mientras que el PRI resaltó los mecanismos existentes para reducir la incidencia de delitos.

Así lo señalaron al fiscal general Alejandro Jaime Gómez Sánchez durante su comparecencia como parte del análisis del Cuarto Informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, en el que el legislador Gerardo Ulloa Pérez (Morena) invitó al fiscal a ponerse en el lugar de quienes reclaman justicia, a revindicar su gestión para ofrecer buenos resultados y a compartir cuál es su compromiso para acabar con la corrupción; además solicitó que no se obstruya el acceso a carpetas de investigación.

La diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) lamentó la inseguridad en la entidad para las mujeres, con primeros lugares en feminicidios y transfeminicidios, por lo que preguntó sobre el número de carpetas judicializadas, la corrupción y atención en los ministerios públicos. También recordó las recomendaciones a la institución por Amnistía Internacional en materia de derechos humanos, el incremento en desapariciones de menores de edad y agresiones a periodistas.

Del PRI, el diputado Mario Santana Carbajal y la legisladora Evelyn Osornio Jiménez preguntaron por los mecanismos que permitieron disminuir los delitos de alto impacto, por los medios alternativos de denuncia implementados durante la contingencia sanitaria, así como por la manera en la que se ha garantizado la capacitación al personal de la institución; además preguntaron qué se debe fortalecer en materia legislativa para mejorar los resultados de la institución y llamaron a hacer un frente histórico en favor de las víctimas del delito.

Los legisladores Francisco Brian Rojas Cano y Alonso Adrián Juárez Jiménez, del PAN, coincidieron en que 60% de los delitos no se denuncia por falta de confianza en la procuración de justicia y 96% de los delitos denunciados no son castigados con sentencias condenatorias. Lamentaron la doble victimización de quienes denuncian en los ministerios públicos y puntualizaron que los delitos, en especial los feminicidios, no disminuyen; además recordaron las observaciones de Amnistía Internacional sobre este delito y solicitaron cifras concretas de sentencias condenatorias.

El coordinador parlamentario del PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez, reprochó que la entidad sea de las más inseguras del país, principalmente en materia de feminicidios, secuestros, extorsión, trata de personas, violación y violencia de género, y solicitó datos sobre la atención a familiares de las víctimas, los resultados y sentencias de las carpetas de investigación.

Del PT, la legisladora Trinidad Franco Arpero requirió datos sobre lo implementado para reducir los feminicidios y el robo a transporte público y de carga, así como información sobre la intervención de la Fiscalía en la aplicación de la Ley de Amnistía estatal, pues afirmó que la justicia y la libertad son los ejes normativos para que el marco normativo cumpla su objetivo.

La coordinadora parlamentaria del PVEM, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, lamentó los señalamientos de Amnistía Internacional, cuestionó los resultados de la institución y el número de feminicidas detenidos, y solicitó ampliar la atención en Agencias Especializadas en Violencia Familiar, Sexual y de Género; en tanto que su compañera de bancada, la legisladora Claudia Morales Robledo, reprochó la efectividad del 78% del cumplimiento de las órdenes de aprehensión.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, el diputado Martín Zepeda Hernández subrayó que la impunidad, la inseguridad y la corrupción son tres de los problemas que más laceran a la sociedad, por lo que solicitó información del avance en los trabajos de combate a la corrupción y las razones de la dilación en las investigaciones.

También de esta bancada, la legisladora Juana Bonilla Jaime afirmó que la entidad es el estado más inseguro para las mujeres, reprochó que 19 municipios han estado en el ranking nacional por feminicidios y desapariciones, y pidió información sobre los parámetros, programas y evaluaciones para atender la violencia feminicida y por las acciones para atender las recomendaciones de Amnistía Internacional.

De Nueva Alianza, el legislador Rigoberto Vargas Cervantes compartió que la ciudadanía percibe a los ministerios públicos como corruptos pues sus investigaciones no avanzan sin dinero de por medio, por lo que cuestionó el combate a la corrupción pues hay pocos servidores públicos sancionados; mientras que su compañera, la diputada Mónica Miriam Granillo Velasco, también refirió los señalamientos de Amnistía Internacional y cuestionó por qué se violentan los derechos humanos.

En respuesta a los cuestionamientos, el fiscal general Alejandro Jaime Gómez refirió que por las dimensiones y cantidad de población la entidad tiene el mayor número de feminicidios en el país, pero que se han empezado a contener, comparados con el año anterior (dos casos menos), que disminuyeron en 21% los homicidios dolosos contra mujeres y que se iniciaron 110 carpetas de investigación por feminicidio (69 carpetas judicializadas), además de condenas para 49 personas.

(Foto: especial)