Parlamentarios integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia, realizaron propuestas de reformas constitucionales para que se modifique la duración del cargo del Fiscal General, que hoy es de nueve años, y que se reduzca a cuatro o hasta tres años, por considerar que un largo periodo genera excesos de poder y corrupción, que hoy afectan la procuración de justicia en la entidad.

El parlamentario Salvador Alejandro Saldívar Vélez, recordó que hoy la Constitución local considera que el fiscal dure nueve años en su cargo, y planteó que se reduzca el periodo como en otras entidades como Jalisco y Puebla que es de 7 años, Nuevo León 6 años, Veracruz 5 años y la Ciudad de México 4 años, con posibilidad de ser ratificado un periodo más, por lo que en Edomex debería ser de 4 con opción a ratificación.

“Que el fiscal dure nueve años en el cargo, puede representar un cheque en blanco y da posibilidad a generar excesos de poder y de corrupción que involucren negativamente el desempeño y actuación del fiscal en detrimento de la actuación pronta y expedita hacia cualquier ciudadano”, afirmó el proponente.

Juan Carlos Santiago Jiménez consideró que la Fiscalía estatal es una de las instituciones con mayor falta de credibilidad y mantiene añejos vicios, pese a reformas en la materia, como malos tratos, corrupción e ineficiencia de los ministerios públicos.

Aunque, mostró su disenso por reducir el periodo, pues evita que responda a pesos y contrapesos de los poderes y da posibilidad de investigar al Gobernador en turno y a los legisladores, se pronunció por sancionar toda investigación fraudulenta y a ministerios públicos que actúen de forma indebida y atender los vicios que son solapados por el Poder Judicial.

También, hubo denuncias de parlamentarios que tienen experiencia en el litigio, sobre que en las fiscalías regionales desaparecen “misteriosamente” los expedientes y hay contubernio de fiscales generales y ministerios públicos con los delincuentes.

Yolanda Estrada, también propuso que el cargo del fiscal se reduzca, pero a tres años, pues un largo periodo genera vínculos y corrupción, propicia favores a grupos delictivos, y consideró que un periodo más corto debilitaría la mafia de corrupción en la corporación y que es un lastre para los mexiquenses.

En otro momento, Juan Carlos Santiago propuso que la Constitución considere el error judicial, como toda equivocación grave cometida dolosamente por el juez o magistrado que cause daño significativo a las partes en el proceso, y que puede derivar en sanciones en el campo civil y administrativo, y se considere la reparación del daño mediante una compensación económica.

También, se planteó que el Tribunal de Justicia Administrativa pertenezca al Poder Judicial y no al Ejecutivo, y que los magistrados sean designados por el Poder legislativo, y que se garantice una pronta actuación, pues tan solo hoy la notificación a una autoridad demandada tarda hasta tres meses, por lo que deben existir procedimientos de carácter oral y escrito para agilizar el proceso, mediante dos audiencias.

El parlamentario Miguel Ángel Saavedra Lucio propuso que la Constitución reconozca los medios alternativos de resolución de controversias, sin necesidad de llegar a un proceso jurisdiccional que es largo, caro y desgastante y fomenta la carga de trabajo al Poder Judicial.

“Los medios alternativos de solución de conflictos son instrumento idóneo para solucionarlos, reconocer los derechos entre ambas partes, fomenta el diálogo y la cultura de paz”.

En otro tema, Francisco Gómez Guerrero planteó una reforma integral sobre el modelo de seguridad y que se fomente una policía de proximidad, y una mayor profesionalización de titulares de fiscalías generales y especializadas, que sean designados por servicio de carrera, concurso de oposición, control de confianza y certificación, y que haya convocatorias con transparencia.

Además, propuso que se recuperen los módulos de seguridad abandonados y se instalen portales de seguridad ciudadana con vigilancia y atención las 24 horas del día, conexión a alarmas vecinales, y conectados al monitoreo de sistemas de vigilancia estatales y municipales.

(Foto: Especial)