El peso de la realidad

Eric Rosas

Este fin de semana tuvo lugar en Venecia la reunión de las veinte economías más grandes del mundo, el denominado Grupo de los Veinte (G20), entre las que se cuenta México y a la que asistieron los líderes más poderosos del orbe que, a diferencia del presidente mexicano, sí entienden la importancia que este tipo de encuentros tienen para sus respectivos países y para la humanidad entera.

En esta reunión de las mayores economías del planeta se aprobó que gravarán con el 15 % a las multinacionales tecnológicas como Apple, Netflix, Facebook, Amazon, entre otras, con lo cual se da un gran paso en contra de la evasión en el pago de impuestos, que estas transnacionales venían practicando gracias a sus depuradas ingenierías fiscales y que dejaban a países como el nuestro sin un ingreso sustancial, a pesar de que estas compañías obtienen gran parte de sus ingresos por las ventas que realizan a los ciudadanos de nuestro país. Pero, aunque este convenio es trascendente porque equilibra el pago de impuestos, otro acuerdo que se ha comenzado a gestar y seguramente será aprobado para la siguiente reunión, que está programada para octubre, es el referente al impuesto al carbono.

El borrador del informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático coordinado por las Naciones Unidas, que fue dado a conocer recientemente y en el que se alerta de que el aumento de 1.5 ⁰C de la temperatura media global podría alcanzarse tan pronto como en el 2026, trayendo una cascada de catástrofes ambientales en todas las latitudes, seguramente ha motivado que el tema de la reducción de las emisiones de carbono se convierta en uno de la mayor urgencia para esta veintena de naciones que, en conjunto, son responsables del 80 % de las emisiones de este gas de efecto invernadero.

En su intervención al respecto ante los tesoreros de las economías más importantes del globo, el secretario de hacienda de México, enviado a la reunión como parte de la comitiva mexicana, argumentó que una tasa impositiva en este sentido podría tener efectos dañinos para las economías de ingreso medio, como la de México. Esta postura es comprensible porque la política energética de la administración federal actual ha favorecido como nunca el consumo de combustibles fósiles, como el carbón, el combustóleo y el propio petróleo. Esto a pesar de las numerosas y continuas manifestaciones de inconformidad y de los señalamientos de retrógrada y ecocida que el presidente de la República ha recibido por parte de ambientalistas.

Pero no existe discurso populista que resista a la realidad y más valdría que pronto iniciemos una transformación radical de nuestra economía, si no queremos resultar penalizados. En el ámbito de sus competencias, los tres niveles de gobierno deben acelerar el diseño e implementación de políticas públicas y programas que permitan reducir al máximo el consumo de combustibles fósiles y fomenten al mismo tiempo la generación y uso de energías limpias y renovables. La instalación de calentadores solares y de paneles fotovoltaicos en las viviendas; la sustitución de sistemas de iluminación en edificios públicos; la prohibición del uso indiscriminado de los plásticos; el fomento a la renovación del parque vehicular, sobre todo incentivando las ventas de vehículos eléctricos e híbridos; la adecuación del sistema de transporte colectivo; etc., deberán ser unas de las estrictas medidas a adoptar en el muy corto plazo, aunque esto termine evidenciando la miopía del primer mandatario.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.