El plazo para que los servidores públicos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses se amplió hasta el próximo 30 de junio, informó el titular del Órgano Interno de Control (OIC) en esta casa de estudios, Victorino Barrios Dávalos.

El universitario reconoció el compromiso con la transparencia manifestado por 63 por ciento de personal que con corte al viernes 28 de mayo habían realizado su declaración; lo cual subrayó, “es un buen indicador” de esta administración.

Destacó que al último corte, cuatro mil 793 servidores universitarios habían cumplido; es decir, solo falta uno de cada tres; y en 17 organismos la totalidad de su personal ha realizado su declaración.

El titular del OIC precisó que hay dos tipos de declaraciones: la de jefes de departamento al rector, quienes deben responder un total de 15 formularios, y la de docentes y personal administrativo con un rango menor al de jefe de departamento, compuesta de siete formularios. Están excluidos de realizar la declaración las y los profesores que tienen hasta 30 horas clase en los planteles de la Escuela Preparatoria, 18 en facultades y 12 en posgrado.

Por otra parte, Barrios Dávalos indicó que quienes realizarán la declaración ampliada serán 651 personas, mientras que siete mil 71 presentarán una declaración simplificada. En ambas, se presentan datos generales, curriculares e ingresos netos.

En la ampliada, señaló, se declaran además los bienes muebles, inmuebles, vehículos, inversiones, adeudos y pasivos. “La declaración mayor está destinada al personal que tiene el poder de decidir sobre dónde se invierte y se compra”.

Por otro lado, expresó que las y los servidores públicos universitarios están obligados a realizar una declaración patrimonial y de intereses, como lo estipulan organismos internacionales, las constituciones federal, en el Artículo 108, y estatal, en el 130; así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De esta manera, consideró, se fortalece la transparencia en las instituciones públicas y se evitan casos de corrupción. “La rendición de cuentas es una obligación que tienen todas las personas que reciben dinero del erario”.
Victorino Barrios Dávalos afirmó que en caso de no realizar su declaración patrimonial y de intereses, las y los servidores universitarios pueden hacerse acreedores a una amonestación administrativa e, incluso, la rescisión de contrato.
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