En el Estado de México hay condiciones para avanzar en la aprobación de la ley de Amnistía, pues los números y el ambiente de voluntad política están dados, aseguró el diputado promovente de la iniciativa turnada a comisiones para su análisis en el Congreso estatal, Max Correa.  

Elena Aguilar

En entrevista, añadió que podrían acceder al beneficio de la Ley de Amnistía 412 indígenas que no hablan español, 21 mujeres sentenciadas por aborto, más de 2 mil internos en prisión preventiva, además de presos políticos.  

“Lamentablemente en la entidad se acusa a las personas por delitos graves que requieren prisión preventiva, que lo consideraba el sistema mixto anterior o prisión preventiva oficiosa y luego ya no localizan a la parte acusadora para las notificaciones y se quedan en la cárcel sin dictarles sentencia”.  

Detalló que en el caso de la prisión preventiva oficiosa, es un universo muy amplio, son internos con más de dos años en esta condición, de los que no hay avance en sus expedientes judiciales, por ello la ley les permitiría acceder a este beneficio.  

Aclaró que “no se trata únicamente de imponer la mayoría, sino de convencer al resto de. Los grupos parlamentarios, además que la iniciativa siga su curso de parlamento abierto, haciendo consultas”.  

El legislador dijo que la propuesta describe la condición vulnerable de los mexiquenses privados de su libertad en un capítulo, en otro las características que la ley tomaría en cuenta y en otro especifica que el procedimiento señala que sería el Poder Judicial quien instrumente la ley.  

“Esta ley  posibilita que una comisión especial del Congreso del Estado de México pueda analizar casos excepcionales, como personas que realizaron ciertas conductas que se tipifican delitos, pero que la ley de amnistía no los considera dentro del supuesto, de modo que los integrantes de la comisión analizan los expedientes, los somete a consideración de organismos de Derechos Humanos, del Poder Judicial o del Ejecutivo”, destacó.  

Aclaró que continúa la consulta con organizaciones de defensoras de víctimas, de derechos humanos, expertos en el litigio penal, quienes plantearon que los centros penitenciarios del estado  presentan condiciones de hacinamiento y que contravienen los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, por lo que servirá la ley también para despresurizar las cárceles.  

(Foto: redes)