Corrupción en la emisión del Dictamen Único de Factibilidad (DUF), el funcionamiento del Registro Civil en la emisión de actas de defunción por covid-19, el combate a la violencia de género, la desaparición de personas y el desalojo de mujeres de la Visitaduría General de Derechos Humanos en Ecatepec fueron algunos de los cuestionamientos que las y los diputados hicieron al secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro.

Durante la comparecencia del funcionario ante el Pleno de la LX Legislatura con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez (Morena) señaló que esa Secretaría no ha garantizado la defensa, respeto y protección de los derechos humanos en la entidad, pues esta ocupa el primer lugar en feminicidios en el país, los cuales aumentaron 37%; también es primer lugar en incidencia delictiva, mientras que la violencia de género y familiar aumentaron 88% y el acoso sexual, 60%.

Ante un gobernador ausente, demandó al secretario tomar en serio su misión de defensa y protección de los derechos humanos, “y no enfocarse solamente en cuestiones burocráticas”, reclamó el legislador. También de Morena, el diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez consideró nula la coordinación de esta secretaría con la Comisión de Límites Territoriales. Mencionó que, como presidente de este órgano legislativo, solicitó un dictamen técnico a la dependencia y nueve meses después no hay respuesta.

En este sentido, preguntó al secretario si conoce el número de solicitudes sobre conflictos limítrofes y los diferendos de la entidad mexiquense con el estado de Hidalgo. Del PAN, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro sostuvo que las agresiones contra mujeres van en aumento y los feminicidios se han duplicado, además de que la entidad ocupa el primer lugar en número de niñas, niños y adolescentes desparecidos en lo que va del 2020, con 570 casos; también preguntó sobre las acciones de defensa jurídica de huérfanas o huérfanos cuyas madres están desaparecidas o fallecieron a causa de covid-19, así como los resultados del Programa Valentina y los retos para lograr un verdadero acceso a la justicia.

En su intervención, el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, dijo que no puede continuar minimizándose el alcance de la violencia contra las mujeres, y preguntó sobre las acciones para la protección de la comunidad LGBTIQ+, de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos; si hubo escasez de actas de defunción por las 10 mil 201 defunciones de covid-19, y qué acciones se desarrollan en materia de amnistía y para combatir la sobrepoblación penitenciaria.

Al advertir que el DUF representa un “dolor de cabeza para los empresarios”, la diputada María de Lourdes Garay Casillas (PES) cuestionó por qué este trámite tiene un costo de 500 mil pesos para obtener un documento con una vigencia de un año y si la Secretaría ha sido rebasada por la opacidad y por la falta de capacidad operativa y técnica en la emisión de este dictamen.

(Foto: Especial Portal)