De fideicomisos y falacias 

Eric Rosas

La semana pasada la Cámara de Diputados vivió una saga dramática en lo referente al segundo intento por extinguir ciento nueve fideicomisos públicos de distintas características. De ellos hay 91 que están constituidos con la finalidad de financiar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en diversos campos: 35 Fondos Mixtos en los que participa como fideicomitente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en conjunto con cada una de las 32 entidades federativas y los municipios de Puebla de los Ángeles, La Paz y Ciudad Juárez; otros 30 Fondos Sectoriales en los que el CONACyT participa en conjunto con algunas de las secretarías de estado, como Energía, Educación Pública (SEP), Gobernación, Marina, Defensa Nacional, Salud, Relaciones Exteriores, Economía, etc.; así como con otras dependencias federales, por ejemplo el Instituto Nacional de Geografía, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la Agencia Espacial Mexicana; y 26 restantes que son administrados por cada uno de los centros públicos de investigación coordinados por el propio CONACyT. 

Para intentar convencer a la opinión pública de que tal extinción debe llevarse a cabo, el titular del ejecutivo ha esgrimido una larga lista de falacias con las que, por fortuna, ni siquiera ha podido convencer a la totalidad de los diputados de su partido, ni a los de sus aliados. El presidente ha dicho que el manejo de los fideicomisos es oscuro y discrecional; lo que es falso, pues, al menos en la administración de estos 91 participa un comisario de la Secretaría de la Función Pública; y sus estados financieros son públicos y están permanentemente fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. También ha acusado que estos mecanismos de financiamiento fueron diseñados por gobiernos recientes; pero tampoco es verdad, pues han sido usados en la administración pública desde hace ocho décadas. 

Menos cierto aún es que los fondos de los fideicomisos de ciencia y tecnología sirvan para dar dinero público a la iniciativa privada, pues en lo que respecta a los de los 26 centros de investigación, éstos se fondean con ganancias propias, no con el erario; en el caso de los Fondos Mixtos, del 2002 al 2020 las compañías privadas apenas se beneficiaron con el 14.8 % de los recursos; y en algunos Fondos Sectoriales como el SEP-CONACyT, ni siquiera recibieron medio punto porcentual en los 4 mil 500 proyectos realizados del 2003 al 2018. Ha asegurado que sus fondos están ociosos, pero en realidad el dinero está comprometido casi en su totalidad, en pago de becas para estudiantes, reparación de equipos, participación en proyectos internacionales, etc.; motivo por el que dicho dinero tampoco podría ser reintegrado a la Tesorería de la Federación, ya que tal intento sería materia de litigios inmediatos por parte de los fideicomisarios y fideicomitentes respectivos.  

Conviene recordar que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 70 mil millones de pesos (mdp), cifra superior a los 68 mil mdp de los ciento nueve fideicomisos; que 56 mil 864.8 mdp (el 83.1 %) ya son controlados por Hacienda y Crédito Público, Economía, Energía y Gobernación; mientras que los fideicomisos de los 26 centros de investigación acumulan apenas 784 mdp (el 1.1 %). Pero lo más contradictorio es la promesa de usar el dinero para enfrentar la pandemia de covid-19 y al mismo tiempo devolverlo íntegro a los fideicomisarios. 

Lo anterior, dicho sin aberraciones.