Penas de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 500 días multa a quien someta, coaccione u obligue a otro a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual, aprobaron por unanimidad las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y Para la Igualdad de Género de la LX Legislatura. 

Al considerar que las terapias de conversión por orientación sexual vulneran los derechos de las personas, de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), las comisiones avalaron la iniciativa para adicionar el artículo 211 sexies al Código Penal del Estado de México. 

De acuerdo con la reforma, que se ha trabajado con colectivos como Fuera del Clóset y la Red de Defensores de la Diversidad Sexual, las penas se aumentarán hasta en una mitad si la conducta se lleva a cabo contra personas menores de edad, con discapacidad, adultas mayores, privadas de la libertad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. 

El dictamen incorpora el título ‘Delitos contra el libre desarrollo de personalidad y la identidad sexual’ al Código Penal en el que define las terapias de conversión como aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea violencia física, moral, psicoemocional o sexual mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

La legisladora Beatriz García afirmó que las terapias de conversión transgreden los derechos humanos y principios legislativos internacionales y nacionales. 

Las legisladoras de Morena, Alicia Mercado Moreno, Liliana Gollas Trejo, Anaís Miriam Burgos Hernández, Berenice Medrano Rosas y Mariana Uribe Bernal respaldaron y reconocieron la iniciativa por el acercamiento de la diputada proponente con la comunidad LGBTTTIQ, aseguraron que con ello la Cuarta Transformación de la vida pública está rindiendo frutos. 

En la reunión, en la que participó Francisco Fierro Sosa, director general jurídico y consultivo de la FGJEM, las legisladoras Brenda Escamilla Sámano, Karla Leticia Fiesco García e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del PAN, y el diputado Carlos Loman se abstuvieron de votar el dictamen de la iniciativa, el cual se presentará ante el Pleno legislativo para su aprobación final. 

(Foto: Especial Portal)