Con la finalidad de fomentar la inversión como vía de recuperación tras los estragos del Covid-19, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM) trabajará de la mano con el Congreso mexiquense en materia de desregulación administrativa para categorizar los giros de manera objetiva y eliminar discrecionalidad. 

Miguel García Conejo 

Además, se buscará que se concrete la eliminación de la exigencia del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) por el resto del año en tanto se debate la extinción del requisito de manera definitiva, propuesta por la Comisión de Desarrollo Económico. 

La meta no es sólo perfeccionar la normativa actual sino también que se generen nuevos procedimientos de gestión para detonar las inversiones. 

“Se llegaron a grandes acuerdo, primero que nada, hacer mesas de trabajo particularmente para revisar la desregulación económica en el Estado de México, hacer mesas de trabajo con la finalidad de poder establecer de la Secretaría de la Contraloría y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en donde se pueda verificar el actuar de todos y cada uno de los funcionarios que participan en los procedimientos de Dictamen Único de Factibilidad así como en los procedimientos de regulación económica”, comentó Gilberto Sauza, presidente de CONCAEM. 

Se detalló en la propuesta del sector empresarial que se buscará la abrogación de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, que ha sobre regulado diversas actividades económicas de nulo y bajo riesgo, así como la revisión de las principales regulaciones del Código Administrativo del Estado de México y sus reglamentos.  

Además, se pretende que se exista realmente una aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como del Código Penal del Estado de México, en materia de Obstrucción de Inversión, a fin de evitar retrasos en la prestación de trámites y servicios asociados con la construcción y apertura de empresas. 

Al momento, el análisis que se ha hecho es que en el Estado de México una empresa debe gastar entre 500 y 700 pesos por metro cuadrado de construcción para la realización de trámites administrativos, situación que es apremiante corregir si se quiere incrementar el nivel de competitividad y atractivo de la entidad. 

(Foto: redes)